Al final no habrá subida de royalties a las compañías mineras que extraen oro en la región de Australia Occidental. El Partido Liberal ha bloqueado en la Cámara Alta del Parlamento la medida propuesta por el Gobierno regional laborista.
La polémica que ha envuelto a la minería en la región de Australia Occidental, la más rica del país en términos de producción de oro, concluye con la decisión del Partido Liberal de votar en contra de la subida de royalties que proponía el gobernante Partido Laborista.
Una subida que había desencadenado las protestas por parte de las principales compañías mineras de oro que operaban en el país, que auguraban la pérdida de miles de empleos, y las manifestaciones de miles de trabajadores de las minas ante el Parlamento (en la imagen de Jarrod Lucas para ABC News, trabajadores de la mina de oro de Kalgoorlie se manifiestan contra la subida).
El Gobierno de Australia Occidental confiaba en recaudar 392 millones de dólares australianos (algo más de 257 millones de euros) con el incremento de los royalties desde el 2,5% actual al 3,75% a partir del próximo mes de enero.
El líder de la oposición, Mike Nahan, explicó al diario local Perth Now, que habían adoptado la decisión de oponerse a la subida debido a la preocupación por la posible pérdida de empleos que el incremento de los royalties podía generar, además de por el hecho de que este incremento no iba a servir para reducir la deuda.
La movilización de miles de mineros ante la sede del Parlamento ha acabado por convencer al Partido Liberal de oponerse a una medida que contemplaba el incremento de los royalties en un 1,25% mientras el precio del oro superara los 1.200 dólares australianos la onza (934 dólares la onza).
Desde el partido gobernante se ha acusado a los liberales de no querer contribuir a mejorar las finanzas del Gobierno regional, que quedaron seriamente dañadas tras el paso de los propios liberales por el mismo.
En cualquier caso, las compañías mineras respiran aliviadas, ya que un incremento de los royalties encarecería el coste de extracción y podría comprometer seriamente la viabilidad económica de muchas de las minas, lo que podría conducir al cierre de algunas explotaciones con la subsiguiente pérdida de empleos.