Parece el guion de una película de Hollywood, pero ha sido real. En una espectacular operación de la Agencia Federal de Investigación, el popular FBI, en Beverly Hills (California), en relación con un caso de blanqueo de capitales, los agentes han confiscado más de 800 cajas de seguridad que contenían cientos de lingotes de oro y plata.
La operación contra el blanqueo de capitales llevada a cabo por la Agencia Federal de Investigación (FBI) estadounidense en la sede de la empresa US Private Vaults en el exclusivo destino californiano de Beverly Hills se ha saldado con la incautación de más de 800 cajas de seguridad, que contenían dinero en metálico, joyas y centenares de lingotes de oro y plata, por un valor total de 86 millones de dólares.
Tras conocerse los detalles de la operación, la propia empresa, los propietarios de las cajas de seguridad confiscadas y sus abogados han denunciado a la agencia estatal, ya que consideran que los agentes se han dejado llevar por un exceso de celo y han cometido un abuso de poder.
Según el diario Los Angeles Times, el FBI obtuvo una orden judicial de un magistrado de California que le autorizaba a confiscar el “equipamiento de oficina” de US Private Vaults que estuviera relacionado con el caso de blanqueo de capitales que estaban investigando.
La orden, por tanto, excluía el registro del contenido de las 800 cajas de seguridad propiedad de clientes particulares que albergaba el establecimiento. En el texto de la misma, firmada por el juez Steve Kim, se indicaba claramente que “esta orden no autoriza un registro criminal o la incautación del contenido de las cajas de seguridad”.
Los clientes y sus abogados han acusado al FBI de extralimitarse en sus funciones y, de momento, se han presentado ya 11 demandas contra la agencia de seguridad estadounidense.
Según comentó uno de los abogados, Benjamin Gluck, a Los Angeles Times, el FBI rompió el protocolo que se sigue en estos casos: “no se pueden confiscar cosas sin que existan pruebas, con la esperanza de que se van a obtener más tarde. La Cuarta Enmienda [de la Constitución de EEUU] y las leyes de confiscación establecen lo contrario, que hay que obtener las pruebas antes de incautar la propiedad ajena”.
Gluck señala que el FBI “ha secuestrado” el dinero de los clientes, con el objetivo de presionarles para que divulguen información privada. No solo eso; al parecer, la incautación se ha llevado a cabo de forma tan descuidada que se ha perdido el contenido de algunas cajas de seguridad.
El problema es que los propietarios legítimos del dinero, joyas y metales preciosos incautados se van a ver obligados a entablar un litigio contra el Gobierno para recuperar su dinero, teniendo que demostrar que no son culpables, lo que atenta contra la presunción de inocencia.
Como explicó muy gráficamente el periódico local Orange County Register en uno de sus editoriales, “el Gobierno no puede registrar todos los apartamentos de un edificio porque el propietario del mismo esté implicado en un crimen. Después de todo cuando alguien alquila un apartamento, es como si fuera de su propiedad”.
Desde el FBI insisten en que no abusaron de su autoridad y que los fondos confiscados estaban relacionados con el caso. Sin embargo, los abogados de los clientes no están de acuerdo y acusan a la agencia de obligar a los clientes a revelar su identidad para ser investigados, “lo cual establece un precedente tremendamente peligroso”, advierten.
