El pasado día 5 de octubre, funcionarios del Gobierno de Afganistán y representantes del grupo minero Meikles Centar firmaron un acuerdo para la explotación de las reservas minerales del país, a través de las compañías Afghan Gold y Minerals Co.
El acuerdo firmado entre el Gobierno afgano y Meikles Centar va a permitir el desarrollo de las explotaciones situadas en las provincias de Badakhshan y Sar-e Pul, al norte del país, que contienen importantes depósitos de oro y de cobre.
Esta iniciativa va a permitir volver a poner en marcha unos proyectos que habían permanecido paralizados durante años, gracias al impulso por parte de los gobiernos de Estados Unidos y de Afganistán, para explotar los recursos mineros del país, que se calcula que están valorados en cerca de un billón de dólares.
El desarrollo de estas explotaciones se considera un paso fundamental para impulsar el funcionamiento de la economía de Afganistán, destruida por los 16 años de guerra que ha asolado el país.
El Gobierno de Estados Unidos ha sido quien ha impulsado este proyecto, como una fórmula para recuperar parte de los costes de reconstrucción del país tras la guerra que, según diversos cálculos, se elevan a unos 117.000 millones de dólares.
La riqueza mineral del territorio afgano, que contiene yacimientos de oro, plata y platino, además de mineral de hierro, uranio, cinc, tántalo, bauxita, carbón, cobre, gas natural o litio, ha atraído a muchas compañías mineras, que están buscando nuevos proyectos de futuro ante el inminente agotamiento de las explotaciones actuales.
El problema es que, en términos de infraestructuras, el país está enormemente atrasado, por lo que no existen carreteras ni vías férreas que permitan el transporte del mineral extraído y faciliten su exportación.
Además, los datos relativos a los recursos minerales afganos son muy antiguos: provienen de la época de dominación soviética, en los años 80 del pasado siglo y por motivos de seguridad y costes económicos no se han podido actualizar.
Por otro lado, los años de la guerra han dejado también un legado de corrupción política, burocracia, además de la presencia de talibanes en algunas partes del territorio, con los que tendrán que lidiar las compañías concesionarias.
En cualquier caso, las perspectivas de futuro parecen positivas, y más si el impulso procede del Gobierno de los Estados Unidos. En palabras de Sadat Naderi, CEO de Afghanistan Gold and Minerals, “esta inversión va a suponer la transformación de Afganistán. Cuando comiencen a funcionar las explotaciones, el país se aprovechará de la construcción de nuevas infraestructuras y recibirá parte de los beneficios de nuestros proyectos”.
La complicada situación del país ha impedido que los principales acuerdos mineros firmados hasta ahora se hayan desarrollado. Es el caso, por ejemplo, del proyecto de extracción de cobre en Mes Aynak (en la imagen) por parte de la compañía estatal China Metallurgical Group, que ha permanecido inactivo.
Además, diversos grupos partidarios de la transparencia han criticado que uno de los beneficiados de los acuerdos sea el propio Naderi, quien hasta el pasado mes de junio era el ministro de Desarrollo Urbano. Su nombramiento como CEO de una de las empresas concesionarias supone, en opinión de los críticos, una quiebra de las normas que prohíben a los antiguos ministros participar en concesiones del Gobierno en los cinco años posteriores a abandonar éste.
Desde el Gobierno afgano se argumenta que el acuerdo data de 2012, antes de que Naderi fuera nombrado ministro.
El proyecto de extracción de cobre en el distrito de Balkhab, en Sar-e Pul, ocupa una extensión de 500 kilómetros cuadrados y se espera que comience su desarrollo en 2019. El contrato tiene una vigencia de 30 años y supone una inversión de 56 millones de dólares.
El segundo proyecto incluye una mina de oro en Badakhshan, al nordeste del país, y permitirá la explotación de una serie de yacimientos de oro conocidos que hasta ahora han sido explotados por la minería artesanal. También se espera que comiencen a desarrollarse a partir de 2019.
La duración del contrato va a ser también de 30 años y la inversión ronda los 22 millones de dólares.