Las previsiones de diversos sectores de la industria minera del oro coinciden en alertar de la previsible reducción de la producción de este metal durante los próximos años, debido a la reducción de presupuesto en exploración y a la ausencia de nuevos yacimientos que vengan a reemplazar a los que se van agotando. Sin embargo, existen territorios potencialmente ricos en minerales que, por motivos políticos, no atraen a las grandes compañías internacionales. Es el caso de Argentina.
El presidente argentino, Mauricio Macri, llegó al poder en 2015 con la idea de reformar la economía del país para lograr que los inversores internacionales volvieran a confiar y a invertir en Argentina. Tres años después y a pesar de los esfuerzos realizados, en forma de intensas giras internacionales, los inversores internacionales aún siguen desconfiando de Argentina como destino de sus inversiones.
La industria minera del oro no es una excepción: las multinacionales con intereses en países de todo el mundo no se deciden a establecerse en Argentina, debido a la inseguridad jurídica que aún existe en el país. Un país que cuenta con importantes reservas sin explotar de oro, plata, cobre y litio.
Como señaló el secretario de Minería argentino, Daniel Meilan, en una entrevista concedida a Reuters, “aún no se dan las condiciones para que una compañía se arriesgue a establecerse en Argentina durante 30 años”.
Y eso que las mineras celebraron con alborozo, en 2015, la llegada de Macri al poder, que ponía fin a 12 años de gobierno de izquierdas, porque consideraban que era el punto de inflexión que esperaban para comenzar a hacer negocios en el país.
El anterior Ejecutivo adoptó medidas muy polémicas, como la expropiación a la compañía española Repsol de las acciones de la petrolera local YPF, la imposición de un impuesto del 5% sobre las exportaciones mineras o la prohibición a las compañías internacionales de enviar sus beneficios a las empresas matrices.
Estas dos últimas medidas fueron revocadas por el Gobierno de Mauricio Macri, que declaró que la industria minera es un sector clave para el país. Según los datos oficiales, la inversión en exploración minera creció el año pasado hasta los 300 millones de dólares, desde los 148 millones de 2016, gracias a la subida de p recios de los minerales.
Sin embargo, la falta de claridad en aspectos tan fundamentales para las compañías mineras como la legislación medioambiental o la fiscalidad local, además de las diferencias regulatorias entre las diferentes provincias argentinas, constituyen un obstáculo importante para las inversiones internacionales.
Desde el propio Gobierno, el ministro de Minería reconoce la necesidad de actuar para recuperar la confianza de los inversores en una industria en la que se tardan décadas en hacer volver a un inversor.
Se han dado pasos adelante en este sentido, como el acuerdo firmado por el Gobierno de Macri con las autoridades de las principales provincias mineras de Argentina para unificar la regulación de la actividad, lo que contribuiría a reducir la inseguridad jurídica, uno de los factores que más preocupan a los inversores internacionales.
Sin embargo, el acuerdo, firmado el año pasado, aún debe ser respaldado por el Congreso de la nación, donde la coalición de Gobierno carece de mayoría, por lo que podría ser rechazado con los votos de la oposición, lo que significaría un nuevo revés a la política gubernamental de fomento de las inversiones en el sector minero.
Desde la propia industria minera reconocen que Argentina no se ha mostrado aún firme y decidida sobre cuál debe ser la hoja de ruta para lograr que las inversiones vuelvan a un sector que desde el Gobierno se considera prioritario.
Además de la inseguridad jurídica, la regulación medioambiental constituye otro obstáculo importante al que temen las empresas mineras internacionales. En este sentido, leyes como la que protege los glaciares de los Andes (donde reside buena parte de la riqueza mineral de Argentina) han obligado a aplazar “sine die” importantes proyectos de futuro.
Esta ley se aprobó en 2010, pero aún no se han elaborado los reglamentos para aplicarla, lo que pone en duda el futuro de proyectos como el de El Pachón, de la compañía Glencore; Los Azules, de McEwewn Mining o Agua Rica, de Yamana Gold.
Argentina cuenta con importantes yacimientos de oro y plata en las provincias de Catamarca, Jujuy, Río Negro, San Juan y Santa Cruz. Sin embargo, en 2017 apenas produjo 65 toneladas de oro (un 11% menos que el año anterior), que la sitúan en un discreto décimo tercer puesto en la lista de mayores productores de oro. En comparación, su vecina Perú produjo 165 toneladas de oro en el mismo año, ocupando el sexto puesto mundial.
En el caso de la plata, Argentina produjo en 2017 un total de 796 toneladas que la aúpan al décimo puesto mundial, por debajo de países vecinos como Perú (segundo productor mundial), Chile (quinto) o Bolivia (sexto).
