El Gobierno de Colombia quiere fomentar la inversión extranjera en su sector minero, para lo cual va a encarar una serie de reformas destinadas a resolver problemas relacionados con las licencias, cuellos de botella regulatorios y cuestiones relativas a la seguridad.
Según declaró el pasado 17 de noviembre Sandra Sandoval, viceministra de Minas de Colombia, el Gobierno del país quiere aumentar las inversiones en la industria minera local del oro, cobre y otros minerales, que se encuentra infraexplotada, para compensar los problemas de producción del carbón y la subida de los precios.
Sin embargo, el sector minero colombiano presenta diversos problemas que retraen a los inversores extranjeros, como las dificultades en la concesión de licencias, que retrasan muchos proyectos, o los problemas de seguridad a los que se enfrentan las compañías mineras, especialmente en el caso de los metales preciosos.
El Gobierno de Colombia es consciente de estos problemas y está trabajando para solucionarlos, acelerando la concesión de permisos para que los proyectos de exploración fructifiquen y se conviertan en minas operativas.
Como señaló Sandoval a la prensa, tras su participación en el Simposio Colombiano de Oro, celebrado en la ciudad de Medellín, “la mejor forma de promover la inversión es con acciones concretas y ejemplares. Si logramos sacar adelante los proyectos actuales, conseguimos que los procesos de exploración se consoliden y confirmamos que tenemos el potencial suficiente, la inversión vendrá sola”.
Según admitió la viceministra, en el pasado Colombia no ha apoyado de forma adecuada los proyectos incipientes de exploración, que tienen el potencial de convertirse en minas operativas: “no nos hemos implicado en la identificación y el seguimiento de las empresas que realizaban trabajos de exploración minera en Colombia, para acompañarlos en el proceso y lograr que avancen”.
Uno de los principales problemas a los que se enfrenta la industria, especialmente en el caso del oro, es la minería informal, que afecta a muchos países de la región.
Para resolver las cuestiones relativas a la inseguridad se requiere un enfoque integral, que incluye la legalización de la actividad de los mineros informales y la adopción de medidas enérgicas contra las cadenas de suministro ilegales, controladas por narcotraficantes u otras mafias.
La experiencia de estos años demuestra que la simple aplicación de la Fuerza Pública no es suficiente, porque siempre hay alguien que retoma la actividad en la zona tras su desalojo.
“Necesitamos también controlar el beneficio, quién procesa, el transporte”, advirtió Sandoval.
Hace escasas fechas, la compañía minera china Zijin Mining, una de las que operan en Colombia, denunció que la producción de su proyecto de Buriticá (en la imagen), en el que ha invertido más de 1.000 millones de dólares, se está viendo seriamente afectada por la actividad de mineros ilegales tanto dentro como en los alrededores de su concesión.
Estos mineros ilegales extraen oro del yacimiento y lo venden al Clan del Golfo, una organización criminal. La solución pasaría por formalizar a estos mineros con contratos legales e integrarlos en su organización, para evitar que busquen sus ingresos vendiendo el oro de forma ilegal.
Alrededor del 40% de la producción de oro de Colombia procede de esta minería irregular; los grandes productores aportan un 30%; y el resto es extraído por mineros que están en proceso de regularización.
Según los últimos datos de la Agencia Nacional de Minería colombiana, la producción de oro del país fue de 47,6 toneladas en 2020, un 29,9% más que las 36,67 toneladas de 2019 y la cifra más alta de los últimos cuatro años.
