Los gobiernos de Colombia y Perú están analizando la posibilidad de centralizar sus compras de oro y controlar la producción de la minería ilegal, que extrae metales preciosos de sus territorios de forma no autorizada y suele acabar en manos de bandas de narcotraficantes o terroristas.
Según publica la agencia de noticias MercoPress, el presidente colombiano, Iván Duque, ha participado en el último Encuentro de Minería Latinoamericana, donde ha señalado que su gobierno quiere desactivar el papel que desempeña la minería ilegal en la financiación de las bandas paramilitares que llevan años actúan en el país.
“Estamos considerando reabrir las negociaciones con el banco central, para volver a centralizar la compra de oro”, señaló duque. El Banco de la República (banco central de Colombia) fue el único comprador de oro autorizado en el país hasta el año 1991, en que se liberalizó el mercado.
Esta iniciativa forma parte de un plan regional para combatir la minería ilegal, que no solo financia a la delincuencia, sino que provoca importantes daños medioambientales, por la deforestación y el uso de mercurio para extraer el metal precioso.
Duque señaló que ha solicitado al Congreso que endurezca las penas por delitos medioambientales y minería ilegal.
En el evento también intervino el ministro de Minas y Energía de Colombia, Diego Mesa, quien señaló que “a los grupos armados les es más fácil transportar un gramo de oro que de cocaína”.
Hace apenas unos días, el Gobierno colombiano presentó a una nueva unidad militar creada para combatir la minería ilegal en el país.
Según los últimos datos facilitados en el foro, la producción de oro del país creció un 58% interanual en el tercer trimestre del año, hasta las 14,2 toneladas.
Perú
Por su parte, el ministro de Minería de Perú, Jaime Gálvez, señaló que los mineros informales del país han solicitado al Gobierno que adopte unas normas claras para la comercialización del oro.
“Creemos que es algo que hay que solucionar de alguna forma, aunque no sea con intervención directa del estado”, apuntó el ministro.
Los asistentes al foro estuvieron de acuerdo en que el control por parte del estado del proceso de comercialización del oro, desde las explotaciones mineras más pequeñas, es la única forma de garantizar la trazabilidad del metal, para permitir que llegue a los mercados internacionales.
Sin esa trazabilidad, la informalidad seguirá predominando en la actividad minera, con los riesgos de financiación de actividades criminales que comporta.