La compañía minera norteamericana Freeport McMoRan ha detenido la actividad en Grasberg, la mayor mina de oro del mundo (en la imagen), situada en la provincia de Papúa Occidental, en Indonesia. La multinacional mantiene un enfrentamiento con el Gobierno de Indonesia a causa de la regulación minera del país, muy proteccionista.
De momento, la paralización de las actividades ha obligado a Freeport a despedir a decenas de miles de trabajadores, lo que va a afectar a la economía del país, ya que la mina representa nada menos que el 91% del PIB de la provincia en la que está situada.
Freeport interrumpió la producción el pasado 10 de febrero y despidió al 10% de sus trabajadores extranjeros. La mina emplea a 32.000 trabajadores en Indonesia, 12.000 de ellos a tiempo completo.
La decisión se interpreta como una reacción de la compañía al intento del Gobierno indonesio de modificar las condiciones del contrato firmado con Freeport en 1991 y cuya vigencia es de 30 años. El Gobierno de Indonesia quiere imponer obligaciones adicionales que no estaban contempladas en el contrato para incrementar los ingresos obtenidos por la explotación de la mina.
En concreto, el objeto de la polémica es la Ley de Minería de 2009, en la que se establece que, según el Gobierno, obligaría a Freeport a construir un nuevo horno de fundición que costaría más de 2.900 millones de dólares, además de entregar la mayoría de las acciones de la mina al Gobierno de Yakarta en el plazo de 10 años.
Desde Freeport argumentan que, dado que el actual contrato fue firmado en 1991 y expira en el año 2021, no están sujetos a la Ley de 2009, que ha sido aprobada cuando el contrato ya estaba en vigor. Pero el Gobierno, por medio del ministro de Minas y Energía, Ignasius Jonan, les ha hecho saber que quieren convertir el contrato en una licencia de negocios especial, para someterlo a lo establecido en la ley.
Por su parte, Freeport, además de detener la actividad de la mina y comenzar los despidos, ha amenazado con acudir a un arbitraje internacional y se plantea demandar al Gobierno de Yakarta. De hecho, el CEO de la compañía, Richard Adkerson, dio el pasado 12 de febrero un plazo de 120 días al Gobierno para retractarse de su decisión o enfrentarse a un arbitraje internacional.
Este enfrentamiento va a afectar seriamente a la economía local y podría desencadenar la violencia en una zona históricamente inestable: el movimiento independentista de Papúa Occidental ha sido reprimido duramente por el ejército de Indonesia.
Según un informe interno de Freeport, el 36% de sus trabajadores a tiempo completo son originarios de esta región. La vinculación de la compañía con Indonesia data de la dictadura militar de Suharto, en 1967. Freeport fue la primera compañía extranjera en firmar un contrato con el nuevo Gobierno indonesio y ahora mismo es el mayor empleador individual de todo el país.
La compañía disfrutó de una relación muy especial con el Gobierno de Suharto, relación que se ha enfriado con los posteriores presidentes, elegidos democráticamente.