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Devuelven el oro a un hombre que compró 220.000 dólares en lingotes con pasaporte falso

Policía analizando un pasaporte falso

Cuando un ciudadano estadounidense reclamó los cuatro kilos en lingotes de oro que estaban depositados en una cámara acorazada de suiza, los responsables de la misma dieron la voz de alarma. No solo el nombre del supuesto propietario era diferente de quien los adquirió, sino que su apariencia también lo era. El caso llegó a los tribunales y acaba de resolverse.

La historia es digna del guion de una película de enredo. Todo comenzó en 2007, cuando un ciudadano estadounidense llamado Paul Haller adquirió varios lingotes de oro, con un peso total de cuatro kilos, valorados en el mercado en unos 220.000 dólares.

El proveedor de los mismos era la compañía BullionVault, que los dejó custodiados, a petición del cliente, en la cámara acorazada que tiene en Zurich (Suiza).

En 2018, un ciudadano estadounidense de nombre Earl Richmond Kitover se presentó en la sede de la compañía y reclamó la propiedad de los lingotes. Tras hacer las comprobaciones pertinentes, saltaron las alarmas.

No solo el nombre del cliente que reclamaba los lingotes era diferente del que estaba registrado como propietario, sino que, para añadir más misterio, su apariencia física también era diferente.

Sus explicaciones a los responsables de BullionVault en Londres, un año más tarde, sembraron mayor confusión: les dijo que había comprado los lingotes de oro utilizando un pasaporte falso y una declaración de apertura de una cuenta en un banco de Suiza; y que, durante ese tiempo, se había sometido a una operación de cirugía plástica facial, lo que explicaba su “significativo cambio de apariencia”.

Como es lógico, la empresa se negó a facilitar el oro y se inició una investigación que se prolongó durante dos años, y que ha concluido ahora con una audiencia en el Tribunal Supremo británico.

El juez Pat Treacy ordenó que se devolviera el oro a Earl Richmond Kitover, al considerar “bastante probable” que la “extraña historia” fuera real, a pesar de que faltaban algunos detalles por aclarar.

Según explicaron los abogados de la defensa, su cliente adquirió el oro por medio de la compañía BullionVault, con sede en Londres, durante la crisis financiera, dejándolo depositado en las cámaras acorazadas que la compañía tiene en Suiza y Singapur.

El cliente utilizó una identidad falsa, la de Paul Haller, y un pasaporte falsificado para evitar el control del oro por parte del Gobierno estadounidense, como ya sucedió en 1933, cuando Franklin D. Roosevelt publicó una orden que prohibía la posesión de oro por parte de los ciudadanos.

Respecto al cambio de apariencia, el hombre explicó que se había sometido a una operación de cirugía plástica facial, aunque no pudo precisar cuándo lo hizo.

En la documentación facilitada por sus abogados al tribunal figuraban los detalles que vinculaban a Earl Richmond Kitover con los datos facilitados para la compra del oro, como su dirección física en Chicago, su número de teléfono y diversos documentos de las autoridades fiscales estadounidenses.

Los abogados de Bullion Vault argumentaron que la decisión del juez podría “vulnerar las leyes que protegen las transacciones financieras y animar a otros a que adopten conductas similares” si se permitía que el cliente recuperara oro pese a haberlo adquirido en circunstancias que implicaban el uso de documentos falsificados y sin dar a conocer la procedencia del dinero.

La defensa, por su parte, explicó que Kitover tenía en su posesión documentos que sería imposible que el impostor tuviera, como un pasaporte caducado a su nombre, idéntico al de Haller, así como documentación del Swissquote Bank.

Además, es improbable que un delincuente hubiera viajado a Londres a admitir que había cometido un fraude y hubiera abierto una cuenta bancaria utilizando un nombre supuesto.

En su sentencia, el juez descarta que el uso de documentación falsificada pudiera impedir que Kitover recuperara su oro, pero le ordena pagar las costas del juicio: “concluyo que, aunque la conducta de Kitover pudiera ser ilegal, atender a su reclamación no dañará la integridad del sistema legal”.

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