El llamado ‘oro sangriento’ domina el mercado de este mineral en Colombia. Nada menos que el 85% de su producción anual procede de minas que no cuentan con licencia del Gobierno, ni permisos medioambientales, según Santiago Ángel, responsable de la Asociación Colombiana de Minería.
De hecho, las dos mayores compañías mineras ‘legales’ colombianas, Mineros SA y Gran Colombia Gold Corp sólo produjeron conjuntamente siete toneladas de oro el año pasado, de las 59 toneladas que se produjeron en el país.
En su mayoría, se trata de pequeñas operaciones mineras, de carácter ilegal, que están controladas por guerrillas marxistas o traficantes de drogas. El oro extraído en lugares remotos de la selva se traslada luego a las grandes ciudades, Cali y Medellín, donde se entrega a los fundidores. Desde allí se vende a las grandes refinerías de oro, que disponen de certificados de buenas prácticas, y que a su vez lo revenden a empresas estadounidenses. De esta forma, este oro ilegal entra en el circuito y se utiliza para acuñar moneda o en la producción industrial de teléfonos móviles, automóviles y demás.
Difícil trazabilidad
Aunque las grandes compañías como Apple o General Motors realizan auditorías independientes de su cadena de suministros, los expertos creen que es imposible evitar que el oro ilegal entre en el sistema. En palabras de Tyler Gillard, asesor legal de la OCDE, recogidas por Bloomberg, “es imposible que consigan rastrear el origen de su oro hasta la mina de la que se extrajo”.
El acuerdo de paz alcanzado con las FARC en Colombia y pendiente de refrendo tampoco parece que vaya a acabar con esta actividad ilegal, ya que hay muchos otros grupos que van a seguir beneficiándose de la extracción ilegal de oro. Una actividad fuera de la ley que, según Bloomberg, incluye desde minas a gran escala con maquinaria de excavación valorada en cientos de miles de dólares, hasta mineros que tamizan las arenas de pequeños arroyos en busca de pepitas de oro.
Este ‘oro sangriento’ se ha convertido en la principal fuente de financiación de los grupos ilegales, por encima incluso del tráfico de cocaína.