Cuando el gobierno de Indonesia tomó una participación de control en el operador de una de las minas de oro más ricas del mundo a fines de 2018, los defensores consideraron la medida como un paso histórico hacia la soberanía de los recursos nacionales y económicos. Pero con la nacionalización parcial de la Mina Grasberg adquirieron también un gran problema de contaminación.
La cobertura mediática de la transacción, que hizo que el gobierno tomara una participación del 51% en PT Freeport Indonesia, anteriormente propiedad mayoritaria de Freeport-McMoRan con sede en Arizona, calificó la mina de oro Grasberg como el «retorno de un activo valioso para el pueblo indonesio después de décadas de control extranjero”.
Pero poco se dijo sobre el largo legado de la contaminación tóxica de la mina, o sobre cómo exactamente el nuevo acuerdo, a un costo de 3,85 mil millones de dólares para Indonesia, finalmente traería beneficios reales para los pueblos indígenas en cuyas tierras se encuentra la mina, y quienes permanecen entre las comunidades más empobrecidas del gran país insular y musulmán.
Según los términos de la adquisición, una participación del 41,2 por ciento en PTFI se destina a la compañía estatal de fundición PT Indonesia Asahan Aluminum, más conocida como Inalum. El gobierno de la provincia de Papua, donde se encuentra Grasberg, tiene una participación del 10 por ciento. Esta última participación, a su vez, se gestiona 60:40 entre una empresa controlada por Inalum y una empresa de propiedad de la provincia. Freeport sigue siendo el operador de la mina.
Pero junto con la propiedad de una de las minas más codiciadas de la Tierra, Inalum y el gobierno de Papua también han heredado un problema de contaminación derivado de los desechos mineros, o relaves, producidos por PTFI durante décadas.
Las consecuencias de esa contaminación podrían ascender a unos 13 mil millones de dólares, el costo estimado de los daños ambientales ocasionados por el PTFI, según una revisión realizada por auditores estatales. Tras una auditoría posterior, que identificó una amplia gama de irregularidades en las operaciones y el contrato de la compañía, el gobierno impuso sanciones a PTFI. Los hallazgos incluyeron indicaciones de minería imprudente y la eliminación de desechos mineros en ríos, bosques y el mar.
En abril de 2018, el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques aprobó un par de decretos que ordenaban a PTFI revisar su plan de gestión de residuos como un requisito previo para la venta. Incluían reducir los niveles de toxicidad en los sitios de vertido y producir una evaluación estratégica de impacto ambiental, conocida como KLHS.
Desde entonces, PTFI ha cumplido, según un alto funcionario, quien dijo que, bajo la supervisión del Ministerio de Medio Ambiente, la compañía había elaborado una hoja de ruta para gestionar su disposición de relaves hasta 2030. PTFI produce 167 millones de toneladas métricas de relaves por día que vierten directamente en los ríos Aghawagon y Ajkwa en el distrito Mimika de Papua, según permiten los decretos del gobierno local.
«Lo que estamos presionando es cómo usar esta cantidad de los residuos líquidos mineros«, dijo Ilyas Rasyid, inspector general del Ministerio de Medio Ambiente, en Yakarta. «Con base a las observaciones de campo, se puede usar como material para hacer carreteras, puentes, incluso edificios de oficinas del distrito. Por lo tanto, haremos una investigación sobre el uso de esos residuos”.
Maurits J. Rumbekwan, director ejecutivo del capítulo de Papuan en el Foro de Indonesia para el Medio Ambiente (Walhi), dijo que tomar una participación mayoritaria en PTFI no significaba necesariamente el fin de los problemas derivados de la mina.
«Todos los días [PTFI] pospone la rehabilitación del medio ambiente dañado, mientras que cada segundo el desperdicio que ingresa al río representa una amenaza [para las comunidades]», dijo Maurits.
Ahmad Redi, experto en leyes de recursos naturales de la Universidad de Tarumanegara en Yakarta, dijo que PT Inalum sería legal y financieramente responsable por los daños ambientales causados por las actividades anteriores de PTFI , también dijo que el gobierno habría obtenido un acuerdo más beneficioso si se hubiera permitido que el permiso de trabajo de Freeport expirara en 2021, incluyendo no pagar tanto por la participación controladora en PTFI, y obtener un acuerdo fiscal más ventajoso después de 2021.
Según Wikipedia, la mina Grasberg es la mayor mina de oro y la tercera mina de cobre más grande del mundo. Se encuentra ubicada en la provincia de Papúa, en Indonesia, cerca del Puncak, Java la montaña más alta de Papúa, donde trabajan cerca de 20.000 operarios. En el año 2006 produjo 610,800 toneladas de cobre; 58,47 toneladas de oro; y 174,46 toneladas de plata.
