El gobierno de Papúa Nueva Guinea amenaza con tomar el control inmediato de la mina “Porgera”, propiedad de la empresa minera canadiense Barrick Gold, después de que la unidad local de la compañía detuviera sus operaciones durante el fin de semana tras la noticia de que el punto de extracción sería intervenido, después de que las autoridades se negaran a extender el arrendamiento por razones ambientales y sociales.
La segunda mayor compañía minera de oro del mundo, la canadiense Barrick Gold, y su socio de empresa conjunta, Zijin Mining, de China, habían solicitado las autoridades de Papúa Nueva Guinea, en junio de 2017, una renovación por veinte años del arrendamiento de la mina “Porgera”, que expiró en agosto.
Desde entonces, la compañía minera canadiense se ha enfrentado una reacción violenta de los habitantes de la zona por lo que afirman que son “impactos sociales, ambientales y económicos negativos de la mina sobre la región”.
El “Joint Venture Porgera” es una mina de oro a cielo abierto y subterránea ubicada a una altitud de 2.200-2.600 metros en la provincia de Enga, Papúa Nueva Guinea, a unos 600 kilómetros al noroeste de Port Moresby. Barrick Niugini Limited y Zijin Mining Group poseen cada uno el 47,5% de la operación, y el 5% restante pertenece a Mineral Resources Enga.
El gerente de la mina, Barrick Niugini Limited, detuvo las operaciones el sábado porque dijo que el gobierno no le había dado ninguna notificación formal sobre el rechazo de la renovación del arrendamiento. También dijo que no había recibido ningún detalle sobre el inminente cambio de manos.
El primer ministro del país en la región suroeste del Pacífico James Marape dijo que se vería «obligado» a tomar el control inmediato de la mina si permanece cerrada durante el período de transición.
“En una carta le pedirá a Barrick que continúe operando la mina cuando pasemos por esta fase, pero si sabotea o cierra la mina, no me deja más remedio que invocar órdenes para apoderarse de la mina por el bien de los propietarios de tierras y el gobierno provincial.» él dijo Marape.
La compañía minera respondió la semana pasada en un comunicado en su página web que buscaría todas las vías legales para evitar lo que denomina la «nacionalización sin el debido proceso y violación de las obligaciones legales del gobierno«.
Porgera contribuye con aproximadamente el 10% de las exportaciones del país y emplea a más de 3.300 ciudadanos de Papúa Nueva Guinea.
Mark Bristow, presidente y CEO de Barrick Gold comunica que sigue dispuesto a discutir el tema con el primer ministro James Marape y su Gobierno con la esperanza de evitar lo que describió como “una situación catastrófica para las comunidades de Porgera y Enga, y para el país en general”.
Sin embargo, buscará todas las vías legales para impugnar la decisión del Gobierno y recuperar los daños que su compañía pueda sufrir como resultado de la decisión del Gobierno. También dijo que no tenía interés en discutir los arreglos de transición para la gestión de la mina, según lo propuesto por el Gobierno, ya que esto no era coherente con los derechos de Barrick.
En 2019, en respuesta a una solicitud del primer ministro Marape, la minera propuso un acuerdo de distribución de beneficios que brindaría más de la mitad de los beneficios económicos a las partes interesadas de Papúa Nueva Guinea, incluido el Gobierno, durante 20 años.
El presidente y director ejecutivo de Barrick se reunió cuatro veces con Marape para discutir el tema de la extensión y reafirmar el compromiso de una asociación a largo plazo. Después de su primera reunión en junio del año pasado, Mapape escribió a Bristow diciendo que «el Gobierno valora nuestra asociación continua con Barrick y es nuestra intención hacer todo lo posible para garantizar que existan los arreglos para permitir las operaciones continuas de Porgera Gold Mina una vez que el SML actual expire en agosto de 2019”.
Barrick también señala en su comunicado que el Gobierno ha promovido la existencia de presuntas reclamaciones por daños ambientales y problemas de reasentamiento como una razón para la no extensión. La compañía dice que las prácticas de gestión ambiental en la mina fueron estudiadas y aprobadas por el Gobierno. La Autoridad de Conservación y Protección del Medio Ambiente de PNG (CEPA) ha llevado a cabo auditorías periódicas de la mina y siempre ha encontrado que cumple con sus permisos. De hecho, el sistema de gestión ambiental de la empresa minera canadiense excede los requisitos de sus permisos.
