Uno de los retos que afronta la industria mundial del oro consiste en asegurar la trazabilidad del metal que llega a las refinerías, es decir, asegurarse de que no procede de explotaciones en las que se vulneran los derechos humanos o se atenta contra el medio ambiente, ni generan beneficios para financiar el crimen organizado. Esta preocupación es todavía mayor en países como Suiza, que importan anualmente una gran cantidad de oro en bruto para procesarlo en sus numerosas refinerías.
El Consejo Federal, el máximo órgano ejecutivo de Suiza, presentó el pasado 14 de noviembre un informe sobre el oro, en respuesta a una petición realizada por el Parlamento de la Confederación, al que le preocupaba la posibilidad de que el oro que anualmente entra en el país pueda haber sido producido por explotaciones en las que se violan los derechos humanos.
Según la información facilitada desde el Consejo Federal helvético, este organismo ha analizado la industria del oro del país, atendiendo especialmente a la evaluación de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, ya que las bandas organizadas que cometen estos delitos se sirven de la producción de oro en determinados países como medio de financiación.
Como señala el informe, “Suiza es un actor muy importante en el comercio internacional del oro. Una parte sustancial del oro que se produce en el mundo se refina en las fundiciones suizas, que trabajan tanto con el oro extraído de las minas como con el reciclado”.
Los datos del informe señalan que el país importó en 2017 un total de 2.404 toneladas de oro, valoradas en más de 69.000 millones de dólares, y exportó 1.684 toneladas, por un valor de 66.117 millones.
El informe asegura que “las refinerías suizas aplican sus propios estándares, para asegurarse de que su producción cumple con los estándares sociales y medioambientales internacionales, y para asegurarse de que no contribuyen, de forma directa ni indirecta, a los abusos de los derechos humanos”.
Para ello, el país cuenta con la legislación más rigurosa del mundo en lo que se refiere al comercio del oro, en la que destacan dos leyes: la Ley de Control de los Metales Preciosos y la Ley contra el Blanqueo de Capitales. Ambas velan por que el oro que entra en las refinerías no sea de procedencia dudosa.
Desde 2012, Suiza ha apoyado la iniciativa de la OCDE que persigue asegurar a los compradores de oro que su actividad no contribuye a financiar a las partes implicadas en conflictos armados.
Un año más tarde, en 2013, Suiza implementó la Better Gold Initiative (BGI), de apoyo a las cadenas de suministro de oro procedentes de minas artesanales sometidas voluntariamente a normas de sostenibilidad. Esta iniciativa ha logrado que entre 2013 y 2017 se hayan producido y comercializado alrededor de 2,5 toneladas de oro procedente de proyectos de cooperación para el desarrollo.
Actualmente, el país trabaja en la implementación de nuevos proyectos, como el establecimiento de una cadena de producción responsable de oro en Mongolia.
En cuanto a las medidas que tiene que adoptar la Administración Federal de Suiza, el informe del Consejo Federal considera que hay mucha labor que hacer en las áreas de transparencia y suministro de oro. “La trazabilidad del metal precioso resulta esencial, porque es la única forma de evitar que el oro que se produce en explotaciones que violan los derechos humanos acabe siendo importado por Suiza”, apuntan.
Por eso, desde el Consejo Federal recomiendan intensificar la comunicación entre los distintos agentes del mercado, así como el fortalecimiento de las iniciativas de cooperación para el desarrollo en el área de la producción responsable de oro.