Centenares de mineros artesanales que trabajaban en la región minera venezolana de El Callao están abandonando el terreno que constituía su sustento, después de que el Gobierno de Nicolás Maduro haya alcanzado acuerdos con grandes compañías para obtener mayores ingresos de sus yacimientos de metal precioso, uno de los pocos recursos con que cuentan para salvar su maltrecha economía.
Como publica en exclusiva la agencia Reuters, las nacionalizaciones llevadas a cabo por el Gobierno bolivariano en 2011 provocaron la huida de las compañías mineras privadas, lo que hizo que la producción del metal precioso se estancara.
Ahora, el Gobierno de Maduro quiere recuperar el tiempo y la producción perdidos alcanzando ‘acuerdos estratégicos’ con una serie de compañías mineras privadas, según han confirmado varias fuentes a la agencia.
Estos acuerdos, a su vez, están provocando que los mineros a pequeña escala que operaban en la región de El Callao, al sur del país, estén abandonando sus explotaciones.
Según la información que maneja Reuters, el Gobierno venezolano habría concedido permisos a 12 compañías privadas para la construcción de 30 plantas de procesado, en las que se utilizará equipamiento muy sofisticado para extraer el mineral que queda en el subsuelo y en las esquilmadas minas.
La decisión se produce después de que el Gobierno de Maduro, acuciado por la necesidad de liquidez, se viera obligado a vender parte de sus reservas de oro, debido a las sanciones impuestas por los Estados Unidos al comercio de petróleo venezolano y la subsiguiente caída de la producción de éste.
Las cifras revelan que las reservas de oro del Banco Central de Venezuela se han reducido en 60 toneladas durante los últimos cuatro años. La cifra actual sería de unas 73 toneladas, valoradas en 4.330 millones de dólares, la más baja de los últimos 50 años.
El presupuesto del Gobierno venezolano para este año estimaba unos ingresos en concepto de royalties por el oro de unos 232 millones de dólares, cifra que es 70 veces mayor que las previsiones de 2021, aunque muy inferior a los beneficios derivados del petróleo.
Sin embargo, la mayoría de las nuevas plantas de procesado no están obteniendo cantidades importantes de oro, ya que dependen de la actividad inicial de los mineros a pequeña escala.
Aunque no se han publicado los datos oficiales, las estimaciones del Consejo Mundial del Oro apuntan a que la producción total de oro del país en 2021 fue de apenas 35 toneladas, en su mayoría extraídas por los mineros a pequeña escala que trabajan en condiciones penosas.
La actividad de estos mineros era elogiada desde el Gobierno de Maduro, que les compraba la producción de oro y la vendía a los países aliados, a cambio de alimentos y divisas. Pero ahora, han cambiado de estrategia.
Durante el pasado año, estos pequeños mineros se han visto afectados por la escasez de combustible y del mercurio que utilizaban para separar el oro, y que provocaba la contaminación de acuíferos e importantes daños al medio ambiente. Por si fuera poco, los yacimientos de oro más superficiales se han agotado.
Ahora, los pequeños mineros han sido desplazados por compañías privadas y la empresa minera estatal está presionándoles para que trabajen para los nuevos socios del Gobierno, en condiciones contractuales dudosas.