Existen unos yacimientos de oro que acumulan toneladas del precioso metal y se encuentran a muy poca distancia de Cádiz y Huelva. Sin embargo, hace falta un enorme (y caro) despliegue tecnológico para acceder a estas auténticas minas: se trata de alrededor de un centenar de navíos hundidos en el Golfo de Cádiz, entre los puertos de Ayamonte (Huelva) y Cádiz. Se estima que estos barcos iban cargados con entre 10 y 25 toneladas de oro cada uno.
A una media de 17 toneladas de oro, estaríamos hablando de nada menos que de 1.700 toneladas de oro que reposan bajo las aguas, que casi equivalen a las reservas de este metal en el Banco Central de China, según los últimos datos de septiembre pasado. Una cantidad que sextuplica las reservas de oro acumuladas por el Banco de España.
La posible recuperación de estos preciosos pecios implica innumerables dificultades, tanto de tipo tecnológico (estas expediciones acarrean importantes costes económicos por su complejidad) como legales. La recuperación de tesoros hundidos es muy atractiva para empresas que cuenten con la tecnología adecuada, pero ello supone enfrentarles con el país en cuyas aguas territoriales se encuentra el pecio, o con el país al que pertenece el barco hundido.
Sólo hay que recordar el largo enfrentamiento entre la empresa cazatesoros norteamericana Odyssey y el Estado español, a cuenta de la recuperación por aquélla de los restos de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. Batalla legal que culminó en 2012 con el fallo del Tribunal Supremo a favor del Estado español.
Según la legislación española, a partir de los tres años desde que se produce el hundimiento del barco en aguas territoriales nacionales, éste pasa a ser propiedad del Estado, y para realizar cualquier labor de rastreo es necesario obtener un permiso del Gobierno, que busca evitar acciones sobre pecios que hayan sido declarados de interés general.
A raíz del caso Odyssey, el Estado se puso en marcha para evitar que otros cazatesoros pudieran ‘pescar’ el oro depositado en el fondo del Golfo de Cádiz. Fruto de ello fue la elaboración del Libro Verde del Plan Nacional de Protección del Patrimonio Cultural Subacuático Español. Un plan que implicaba la creación de cartas arqueológicas, así como el inventario y documentación de todos los pecios españoles identificados en el mundo.
Para evitar la actuación de las empresas cazatesoros que operan sin permiso, el Ministerio de Cultura ha firmado diversos acuerdos con el Ministerio de Defensa y la Armada, para que pongan los medios para la vigilancia por satélite e ‘in situ’ de estos pecios.
Mientras tanto, el oro depositado en las bodegas de los barcos que no llegaron al final de la Ruta de Indias seguirá durmiendo el sueño de los justos en las aguas del Golfo de Cádiz.
