El sector minero, uno de los motores de la economía mexicana, no sufrirá grandes cambios tras la llegada del nuevo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Así lo han asegurado los responsables de la industria minera, que han alejado los temores de cancelación de licencias o subida de los royalties.
La industria minera es uno de los motores de la economía de México y aporta alrededor del 4% del Producto Interior Bruto. El país está entre los principales productores de metales preciosos. En concreto, fue el noveno mayor productor de oro en 2017, con 122 toneladas (un 4,7% menos que el año anterior). Se trata del primer descenso interanual tras una década de crecimiento ininterrumpido, según el informe Gold Focus 2018, de la consultora Metals Focus.
Aún más privilegiada es su posición en el sector de la plata: ese mismo año México fue el mayor productor mundial de este metal, con 196,4 millones de onzas (6.108 Tm), un 5% más que el año anterior, según el World Silver Survey 2018 de The Silver Institute.
Además, la compañía mexicana Fresnillo fue la mayor productora mundial ese año, con 54,2 millones de onzas (1.685 Tm).
No es de extrañar que, con semejantes cifras, la industria minera se encontrara en vilo con el cambio de Gobierno, teniendo en cuenta lo que ha sucedido este año en otras jurisdicciones mineras (Tanzania, Australia Occidental), con cambio legislativos sobre la propiedad de las minas, cancelación de licencias y subida de royalties.
Las primeras noticias, al menos, no eran tranquilizadores para el sector, ya que a finales del pasado mes de noviembre las acciones de las compañías mineras mexicanas cayeron más de un 10%, después de que el partido de López Obrador presentara ante el Senado una propuesta para endurecer la normativa del sector.
El plan obligaba al Gobierno federal a obtener el consentimiento de las comunidades indígenas antes de conceder permisos que afectaran a sus tierras. Además, las compañías mineras podrían perder estos permisos si no presentaban un informe anual sobre el impacto social de sus proyectos.
Sin embargo, la intervención en la prensa del vicesecretario de Minería, Francisco Quiroga, sirvió para tranquilizar al sector, ya que explicó que la consulta con las comunidades indígenas solo sería necesario en unos pocos casos.
Según Quiroga, “existe el principio de no retroactividad de la ley, así que no se van a vulnerar los derechos ni de esas comunidades ni de las compañías”.
Además, el vicesecretario de Minería descartó también la posibilidad de que el nuevo Gobierno, que asumió el poder el pasado 1 de diciembre, iniciara un proceso de revisión de cerca de 26.000 concesiones, en busca de anomalías, como había propuesto el presidente López Obrador.
Según Quiroga, el plan solo pretende simplificar los procedimientos, promover nuevos proyectos e incrementar la exploración en el sector.
