El oro es una de las claves que está permitiendo la supervivencia del Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, a pesar de la desastrosa situación económica del país y la miseria a la que se ven abocados sus ciudadanos. La mayor parte del metal que se produce en el país procede del llamado Arco Minero del Orinoco, una región controlada por la familia del presidente venezolano y militares adeptos a él.
Según se expone en un artículo publicado el pasado lunes, 19 de agosto, por el diario ABC y firmado desde Caracas por Jorge Benezra, miembros del Gobierno de Venezuela, familiares de éstos y militares adeptos al régimen son los principales beneficiarios de la extracción de oro en la región del Arco Minero del Orinoco (en la imagen).
Este plan de extracción de oro a gran escala fue presentado hace unos años por Nicolás Maduro, como publicamos en su momento en Oroinformación, quien anunció el ambicioso objetivo de que el país se convirtiera en el primero o segundo del mundo por volumen de reservas en oro.
Sin embargo, como apunta la información publicada por ABC, la realidad es que se trataba de un plan diseñado para favorecer a los miembros del Gobierno y sus entornos familiares, esquilmando las reservas de más de 7.000 toneladas de oro y embolsándose alrededor de 5.000 millones de dólares anuales.
Como explica Benezra, “el Arco Minero del Orinoco, un gigantesco proyecto que abarca casi el 12% del territorio nacional -duplicando la faja petrolífera del Orinoco-, sería la fuente inagotable de Maduro (7.000 toneladas de reservas) y sus aliados para la explotación de oro, diamante, coltán, hierro, bauxita, entre otros minerales preciosos. El proyecto se extendió a 150 empresas mixtas de capital nacional y extranjero principalmente chinas, turcas y rusas para fortalecer las relaciones bilaterales con el Gobierno bolivariano”.
El testimonio anónimo de empresarios mineros de la zona revela que las empresas contratistas han imitado la estrategia de la corrupta empresa estatal Petróleos de Venezuela y están controladas por militares retirados o civiles relacionados con miembros del Gobierno.
Según el artículo de ABC, “el modelo de negocio lo encarna un grupo de inversionistas privados asentados principalmente en el sector Nacupay de El Callao donde ha sido creado hace un año el Complejo Industrial Aurífero Domingo Sifontes, que preside Eduardo Ribas, un nuevo mecenas del oro vinculado a la familia presidencial Maduro-Flores”.
Una estructura que procesa alrededor de 2.400 toneladas diarias de mineral, de las que se extraen entre 50 y 80 kilos de oro al mes, con un procedimiento que ya está siendo cuestionado por la industria minera con es el uso del cianuro.
El problema es que los numerosos mineros tradicionales utilizan un sistema aún más contaminante y ya en desuso: el procesado con mercurio.
El resultado es que se está registrando una auténtica catástrofe ecológica en la zona, que está siendo ocultada a la opinión pública internacional. Desde Oroinformación también nos hicimos eco en su momento de la denuncia realizada por la Asamblea de Venezuela acerca de esta catástrofe ecológica de consecuencias impredecibles.
Según el artículo de ABC, “los nativos del estado Bolívar, ubicado al sur de Venezuela, están completamente en contra de la minería. En esta región actualmente se perpetra «el mayor crimen ecológico de la historia», según han denunciado diputados de oposición [sic]. De hecho, la Asamblea Nacional derogó el año pasado el decreto firmado por Maduro mediante el cual se crea el Arco Minero. Desde entonces, allí se escenifican guerras entre distintas mafias, nacionales y extranjeras, así como grupos paramilitares como el ELN que buscan hacerse del control de la explotación”.
El oro producido en la zona llega al Complejo Domingo Sifontes, desde donde es trasladado en lujosas furgonetas vigiladas por agentes de la Dirección de Inteligencia Militar hasta los aeropuertos cercanos. De allí parte con paradero desconocido.
