El sistema público de pensiones español atraviesa una situación complicada y existen dudas más que razonables acerca de su sostenibilidad. La pandemia de Covid-19 ha venido a agravar una crisis ya existente, provocada por los cambios demográficos y las decisiones políticas. Con el precio del oro en máximos históricos, los españoles deberían imitar a ciudadanos de otros países de la Unión Europea y recurrir al metal como complemento para las pensiones públicas, para no perder poder adquisitivo cuando llegue la edad de jubilación.
La viabilidad y sostenibilidad del sistema público de pensiones en España está en entredicho. La última voz de alarma ha sido la del Tribunal de Cuentas que, en un informe publicado el 6 de agosto, ha subrayado los problemas estructurales de la Seguridad Social, que ponen en peligro su estabilidad financiera, así como la escasez de los recursos necesarios para satisfacer las prestaciones, entre ellas las pensiones de jubilación.
En su último informe sobre la evolución económico financiera, patrimonial y presupuestaria del sistema de la Seguridad Social y su situación a 31 de diciembre de 2018, el Tribunal de Cuentas ofrece unas conclusiones francamente desoladoras sobre la situación del sistema público. Así, refleja que los resultados económico-patrimoniales han sido negativos desde el ejercicio 2010, acumulando un importe negativo de 115.022 millones de euros entre 2010 y 2018.
Ello ha provocado que el patrimonio neto haya arrojado un resultado negativo de 176 millones de euros en 2016, 18.539 millones en 2017 y 37.993 millones en 2018.
Según el Tribunal de Cuentas, las causas de estas pérdidas son los significativos desequilibrios entre gastos e ingresos de naturaleza contributiva, debido al aumento del gasto medio anual por pensionista (+18,73%) respecto al ingreso medio por afiliado.
Como explica el informe, esta falta de ingresos se ha ido solventando en estos años gracias al Fondo de Reserva de la Seguridad Social (hasta que se agotó), a los fondos depositados en el Banco de España, a préstamos del Estado y una transferencia corriente estatal.
Según señalan desde el Tribunal de Cuentas, “son medidas transitorias que, si bien han permitido actuar al sistema en momentos de crisis, no resuelven el problema de sostenibilidad financiera de carácter estructural que le aqueja actualmente y que es consecuencia directa, principalmente, de la evolución demográfica y socio-económica que ha tenido lugar en nuestro país”.
Agotamiento del Fondo de Reserva
Respecto al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, el informe recuerda que los sucesivos superávits presupuestarios alcanzados entre 2000 y 2010 permitieron dotar este fondo, que alcanzó su máximo histórico en 2011, con 66.680 millones de euros.
Este fondo ha contribuido a la sostenibilidad del sistema desde 2010 a 2016. Pero no ha podido seguir desempeñando su función desde 2017, debido a la reducción de su cuantía, que el Tribunal de Cuentas establecía en 5.060 millones, a 31 de diciembre de 2018.
En la actualidad, el Fondo de Reserva apenas supera los 2.000 millones y los expertos dudan de que la Seguridad Social vaya a poder aportar de nuevo hasta, al menos, dentro de una década.
Recomendaciones
El informe del Tribunal de Cuentas concluye con una serie de recomendaciones. Entre las que dirige a las Cortes Generales, está la adopción de medidas legales de carácter estructural, en el marco del Pacto de Toledo, para garantizar su sostenibilidad financiera y equilibrio presupuestario.
Hasta que se adopten estas medidas, el Tribunal propone regular en una norma con rango de ley la necesidad de que los déficits financieros y presupuestarios que haya de soportar la Seguridad Social se cubran, como hasta ahora, preferentemente a través de transferencias corrientes en vez de préstamos.
Finalmente, el Tribunal de Cuentas recomienda al Gobierno que tome las medidas necesarias para constituir de nuevo el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
El oro físico como complemento a las pensiones
El panorama que se presenta para los trabajadores que se vayan a jubilar en los próximos años no es nada halagüeño. Es probable que el sistema público de pensiones no vaya a ser capaz, por sí mismo, de satisfacer las necesidades de los jubilados, que experimentarán una reducción de su poder adquisitivo respecto a cuando estaban en activo.
En otros países de la Unión Europea que están experimentando los mismos cambios demográficos y envejecimiento de la población que nosotros (Alemania, por ejemplo), los trabajadores en activo tienen muy claro que deben complementar la pensión estatal con ingresos que les permitan disfrutar de una jubilación sin estrecheces económicas.
Un recurso muy habitual es la adquisición de oro físico, en forma de monedas o pequeños lingotes, que, llegado el momento, les sirvan como complemento a su pensión o fondo para imprevistos.
De hecho, recientemente hemos publicado en Oroinformación las conclusiones de un estudio que revela la cantidad de oro que acumulan los ciudadanos de distintas naciones europeas: Alemania, 8.918 toneladas; Italia, 5.707; Francia, 4.605 toneladas; y Suiza, 920.
Contrato Retiro de Oro
Esta misma fórmula de compra de oro físico, pero sistematizada y gestionada de forma profesional es la que propone SEMPI Gold España a sus clientes, por medio del Contrato Retiro de Oro, un plan a largo plazo diseñado especialmente para este objetivo.
Este contrato permite afrontar los previsibles problemas de liquidez que pueden sobrevenir a la hora de la jubilación, diseñando con anticipación un escenario patrimonial que garantice los ingresos suficientes para vivir con tranquilidad.