El Gobierno del estado australiano de Victoria planea introducir un impuesto del 2,75% sobre el oro que extraen las compañías mineras en su territorio. Una medida que ha despertado la indignación del sector, que asegura que esta decisión pone en peligro la viabilidad de muchas pequeñas y medianas empresas, y podría provocar el despido de cientos de trabajadores.
El Gobierno local del estado de Victoria (al sur de Australia, con capital en Melbourne) ha despertado la indignación del sector de la minería de oro local, que considera que el proyecto de establecer un royalty del 2,75% sobre el oro extraído puede comprometer seriamente la viabilidad económica de muchas empresas.
Según explican desde Mining Weekly, el Minerals Council of Australia (MCA) se ha quejado de que el Gobierno estatal no ha realizado ninguna consulta ni ha recabado la opinión de las comunidades regionales, que en muchos casos dependen económicamente de los importantes ingresos procedentes de las compañías mineras de oro que, además, emplean mano de obra altamente cualificada y con buenos salarios.
En opinión de Tania Constable, CEO de la MCA, “a pesar de que en sus publicaciones reconocen que las compañías mineras son la columna vertebral de muchas ciudades de la región, a las que proveen de empleos, oportunidades y un sentido de comunidad, el Gobierno no ha consultado a la industria o a las comunidades locales antes de anunciar este nuevo impuesto”.
La ejecutiva de la patronal minera subrayó también que el estado de Victoria está por detrás del resto de estados australianos, al margen de Tasmania, en cuanto a competitividad de su sector minero: “el nuevo impuesto del 2,75% sobre el oro se suma a la incertidumbre en cuanto a la aprobación de proyectos y a los regímenes regulatorios, plagados de duplicidades e inconsistencias. También va a provocar una huida de los inversores, en un momento en que Victoria necesita la prosperidad a largo plazo que confieren las compañías mineras gracias a sus exploraciones de Fosterville, Ballarat y Stawell”.
En su opinión, el hecho de que Victoria tenga que introducir un impuesto sobre el oro, porque otros estados ya lo han hecho, es ignorar las características peculiares de la minería de oro en este estado: “los regímenes de royalties están diseñados de forma diferente en cada estado para promover el desarrollo de los recursos minerales del mismo en beneficio de la comunidad, lo que implica diferentes tasas de royalties, regímenes de amortización, exenciones y otras cuestiones”.
La industria minera local lo tiene muy claro: “si el Gobierno de Victoria no abandona inmediatamente esta medida recaudatoria, se va a demostrar que su compromiso con el desarrollo regional y las comunidades es tan solo una fachada. La industria minera de Victoria se va a unir a las comunidades regionales y otros estamentos para luchar por el empleo local y las inversiones a largo plazo, y para oponerse al nuevo impuesto sobre el oro”.
Por su parte, desde la Asociación de Compañías Mineras y Exploradoras (AMEC, por sus siglas en inglés), han advertido que el nuevo impuesto sobre el oro puede resultar “desastroso” para la recuperación de la industria del oro estatal. “Es un paso atrás gigantesco para el sector del oro, que justo ahora comienza a recuperarse después de unos años de actividad mínima y puede ver cómo se extinguen los recién nacidos proyectos de exploración de oro”, afirman.
Desde AMEC han solicitado al Gobierno de Victoria que “abandone inmediatamente” esta propuesta y dialogue con la industria para comprender mejor el impacto que puede tener sobre las compañías mineras, exploradoras, perforadoras, proveedores de servicios y de inversión.
El problema, según esta organización, es que estos proyectos mineros cuentan con unos márgenes muy estrechos, por lo que el ahorro de costes y las medidas de eficiencia son habituales para mantener la viabilidad económica de las explotaciones.
Además, las reservas de oro en el estado de Victoria se encuentran a mayor profundidad que en otras regiones de Australia, lo que implica que las operaciones de explotación y extracción del metal son mucho más costosas desde el punto de vista económico.
Las compañías mineras emplean a alrededor de 12.000 personas en el estado de Victoria, de forma directa, más otras 88.000 en los negocios relacionados con la cadena de suministro, equipamiento, tecnología y servicios.
A pesar de que las licencias mineras apenas cubren el 0,2% de la superficie del estado, el sector de los minerales aporta alrededor del 4% del Producto Interior Bruto estatal, con una contribución de al menos 13.600 millones de dólares australianos (9.400 millones de dólares USA) anuales a la economía del estado de Victoria.