Desde la época del expresidente socialista Rodríguez Zapatero los diferentes gobiernos que han pasado por Moncloa han vendido a los ciudadanos la promesa de la sostenibilidad de las pensiones públicas. Ahora, desde el actual Gobierno de Sánchez, el secretario de Estado para la Seguridad Social, Octavio Granado, ha afirmado que “el sistema tiene arreglo para los próximos diez años…”. Es decir, que, como mucho, los fondos del Pacto de Toledo, la caja de las pensiones, solo podrá servir a la sociedad española de jubilados durante el próximo decenio, si es que llega.
Cuando los diferentes grupos parlamentarios, menos el de Esquerra Republicana de Cataluña, han llegado a un amplio acuerdo en el Congreso de Diputados para recomendar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones con arreglo al IPC real, ha caído como un jarro de agua fría la afirmación vertida desde la Seguridad Social de que habrá pensiones solo a 10 años vista.
El Gobierno ha admitido que el actual sistema público de pensiones no tendrá continuidad en 2028. Así lo afirmó el miércoles 26 de agosto el secretario de Estado Seguridad Social, Octavio Granado. Tal afirmación ha sido realizada durante la presentación de un informe “Las pensiones en España”, realizado por el Consejo General de Economistas.
Según dicho informe, el creciente envejecimiento de la población es la razón principal por la que la contabilidad de la Seguridad Social comenzara a tambalearse en 2012, cuando Rodríguez Zapatero pasó el testigo a Mariano Rajoy, quien recibió una cartilla en números rojos. Detrás quedaban 74 años de cobertura social, sanitaria y de pensiones sin grandes desequilibrios.
El caso es que a partir de mediados de la próxima década habrá más demandantes que cotizantes, lo que supondrá mayor presión a la incógnita vertida por el Sr. Granado. Dicho enigma incluye la interrogante sobre cuánto dinero queda, si es que queda algo, en la hucha de las pensiones, así como si el actual Gobierno seguirá emitiendo Deuda Pública para poder hacer frente a la paga extra de Navidad que tendrán que recibir este año los jubilados.
Se calcula que esos números rojos de la cartilla actual de la Seguridad Social rondan los 20.000 millones de euros de déficit. Si a eso le añadimos que Pedro Sánchez lleve a cabo las recomendaciones del Congreso de Diputados para regularizar las pensiones al IPC real, tendremos un aumento más de unos 2.000 millones.
Habrá que estar atentos a la respuesta que tendrá que dar de inmediato los formantes del Pacto de Toledo, para entre unos y otros encontrar la fórmula que asegure la sostenibilidad de la contabilidad de la Seguridad Social. Es decir, encontrar los mecanismos precisos que generen ingresos para el sistema de pensiones.
Mientras tanto, el presidente de Gobierno Pedro Sánchez, la mitad de su Ejecutiva y muchos de los miembros parlamentarios de su partido, el PSOE, ya encontraron la receta magistral para solventar su futuro: invertir en planes privados de pensiones.
No cabe duda de que esos planes de pensiones, mayoritariamente generados en el seno de las entidades bancarias nacionales, son una opción ante la debacle económica que se avecina de aquí a 2028. Pero analizados a fondo ofrecen a futuro más contras que pros.
Si bien, esa dirección, fuera de la opción pública, hay una alternativa que también hay que considerar; la de los planes de ahorro e inversión en metales preciosos.
Por ejemplo, si desde este instante, un trabajador de clase media decidiera construir un patrimonio familiar basado en el oro, con aportaciones anuales decididas por él, con la posibilidad de fraccionarlas, podría tener en ese mismo plazo de 10 años con los que nos “atemoriza” el secretario de Estado de la Seguridad Social, un rendimiento estimado de hasta casi un 9%.
Esta alternativa, entre otras, la ofrece Sociedad Española de Metales Preciosos de Inversión (SEMPI), en una de sus opciones denominada “Plan Oro Futuro”, aunque ofrecen más posibilidades.
Haber conseguido que aprueben la demanda de igualar las pensiones al IPC real ha sido un gran triunfo para los jubilados que vienen manifestándose, desde el pasado año, en varias ciudades españolas. Pero, por desgracia, ese logro no va ha ayudar en nada a la consecución de un futuro estable para las pensiones públicas.
Foto portada: Sara Becerro, Libertad Digital
