Desde hace meses la apuesta secesionista encabezada por Carles Puigdemont está dañando sobremanera la economía de 7,5 millones de catalanes y, por ende, salpicando negativamente a los resultados de toda España, pues Cataluña supone casi una quinta parte del total productivo y el 25% de las exportaciones nacionales. Pero aún hay algo peor que la inestabilidad política y económica: la fuga de empresas, paralización de las inversiones, y la manipulación partidista de los ahorros y depósitos de la población catalana.
Daños, incluidos colaterales, se vienen produciendo desde septiembre y, sobre todo, desde el 1 de octubre, domingo en el que se celebró el referéndum ilegal convocado por la Generalidad. Desde ese momento se desataron todos los movimientos convulsos que dejaron al aire todas las vergüenzas ocultas por el gobierno de Puigdemont: tales como que Cataluña es la Comunidad Autónoma más endeudada de España en términos absolutos; la salida de la zona euro en caso de independencia; desconexión del Banco Central Europeo y de la Unión Bancaria; inaccesibilidad a los Fondos Estructurales y e Inversión de la UE; déficit de 4.692 millones de euros en las pensiones catalanas; prima de riesgo a niveles de 2012; y la destrucción de cerca de 500.000 empleos.
Por si ello no fuera suficiente, hasta la fecha 1.400 empresas han cambiado su sede social y sus sedes fabriles (talleres, tiendas, complejos industriales, etc.), encabezadas por entidades bancarias como LaCaixa, Banco de Sabadell, Codorniú, Freixenet, Danone, Colacao, Gallina Blanca y un larguísimo etcétera hasta completar esa cifra.
Pero aún hay más, desde la Crida per la Democràcia, una de las marcas blancas de Òmnium, la organización separatista presidida por el ahora encarcelado Jordi Cuixart, inició una campaña a través de redes sociales para “invitar” a la población catalana a la fuga de depósitos y a la provocación de un “corralito” con la retirada masiva de dinero de las entidades bancarias.
Salvo el Gobierno, con la aplicación el famoso Artículo 155 de la Constitución, apoyado por socialistas del PSOE y Ciudadanos, ninguna entidad nacional ha levantado su voz y se ha enfrentado a los secesionistas radicales. Solo la Societat Civil Catalana (SCC) ha respondido cotidianamente a los que abogan por la ruptura política, social y económica con el resto de España.
Recientemente, la Societat Civil Catalana presentó en Barcelona los últimos datos de su Índice de Riesgo en Cataluña, informe en el que señala con contundencia que “el resto de España es, con gran diferencia, el mercado más importante de ventas de las empresas catalanas, cuadriplicando en volumen al siguiente cliente, el francés. Por tanto, es obvio que las compras del resto de España generan en Cataluña notables réditos económicos, desde beneficios empresariales a la creación de empleo”.
En este octubre 2017 el Índice SCC de Riesgo Catalán ha crecido extraordinariamente reflejando el aumento de las tensiones políticas que generan los separatistas. Sin embargo, en este Índice se ve la situación política de alta incertidumbre amortiguada por el curso positivo de la economía española, mejor de lo esperado por el consenso de los economistas.
El Índice SCC se calcula mensualmente a partir de indicadores de los riesgos económicos y financieros que soportan las economías catalana y española, y permite analizar la dinámica del riesgo político, económico y social generada por el desafío independentista.
Ante esta situación, la población catalana continúa buscando recursos mirando hacia el futuro, recursos que le lleven a la tranquilidad de convertirse en valores refugio mientras aumenta el grado de inestabilidad.
Recursos como el de los metales preciosos, más concretamente el oro, al que acuden con la seguridad de que por muy mal que se den las cosas siempre habrá un grado de seguridad allá donde vayan.
