El pasado 23 de agosto, el Gobierno indio hizo extensiva al comercio de joyas, metales preciosos y gemas, la aplicación de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, que data de 2002. Su aplicación a este importante sector económico de la India puede tener importantes repercusiones.
En su informe India Focus Monthly, la consultora especializada en metales preciosos Metals Focus ahonda en la posible repercusión de esta nueva normativa en el comercio de joyería y metales preciosos.
Entre las nuevas obligaciones que se imponen a los comerciantes del ramo se encuentra la identificación de los clientes, el mantenimiento de registros y la necesidad de proporcionar información sobre las transacciones a la Unidad de Inteligencia Financiera india cuando se les requiera.
Por ejemplo, en todas las transacciones superiores a 50.000 rupias (650 euros), equivalentes a 15-18 gramos de o ro, deberán solicitar al cliente que se identifique por medio de su Permanent Account Number (PAN), un documento identificativo.
Según el informe de Metals Focus, el objetivo de esta nueva normativa es incrementar la transparencia en el sector. “Sin embargo -precisan- creemos que el Gobierno debería haber pospuesto esta decisión. La industria de los metales preciosos aún se está adaptando al nuevo régimen fiscal, el Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST), que entró en vigor el pasado 1 de julio. Existen problemas derivados de su puesta en marcha, por lo que implementar una Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales tan pronto ha provocado un sentimiento negativo dentro de la industria. En las actuales circunstancias, la aplicación de esta ley no va a surtir el efecto deseado, sino que va a provocar que la industria se mueva hacia transacciones en metálico”.
Según los datos de Metals Focus, la desmonetización y la preparación para la puesta en marcha del Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST) provocó un importante incremento en las ventas de oro con factura y por medio de transacciones bancarias. Las ventas de este tipo crecieron desde el 20-30% sobre el total de transacciones antes de la desmonetización hasta el 60-70% después. Posteriormente se han reducido hasta el 40-50%.
Límites
Antes de la aplicación de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, el límite máximo de las transacciones que se podían realizar sin identificar al cliente era de 200.000 rupias (2.600 euros). Este límite se ha reducido hasta las 50.000 rupias (650 euros), lo que incrementa el temor entre los clientes, que se sienten intimidados por las autoridades fiscales.
En opinión de Metals Focus, “creemos que las autoridades no deben sobrerregular el mercado del oro, sino incentivar la transparencia entre vendedores y compradores. Una solución podría ser ofrecer el reembolso de una parte del 1,5% del Impuesto central de Bienes y Servicios si el cliente compra el oro por medio de los canales bancarios”.
Desde la consultora apuntan las consecuencias inesperadas de la aplicación de esta Ley durante los próximos dos años: un incremento de las operaciones en metálico, para eludir la vigilancia de las autoridades, lo que provocará un incremento del contrabando y una ralentización de la aparición de nuevos agentes en el mercado organizado, una cuestión fundamental para incrementar la transparencia. Consecuencias que van a complicar que la nueva legislación cumpla sus objetivos.
Separación joyería-lingotes y monedas
El informe apunta también la necesidad de que el Gobierno distinga en su legislación el tratamiento de la joyería del de los lingotes y las monedas. La industria joyera genera una cantidad importante de empleos y cuenta con un significativo valor añadido. La mayoría de la demanda de joyas, además, satisface unas necesidades culturales, como en las bodas o la época festiva, en la que se concentran hasta 2/3 de la demanda anual.
Por tanto, el límite para comprar sin aportar documentación de identidad debería permanecer en las 200.000 rupias para las joyas, en vez de las 50.000 rupias que establece la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales.
