A nadie se le escapa que las minas de oro pueden ser un gran negocio, como bien saben las grandes compañías internacionales. Sin embargo, en este negocio también proliferan otras pequeñas ‘empresas’ que, a espaldas de los gobiernos respectivos y sin ningún permiso ni control administrativo o medioambiental, extraen el mineral en explotaciones clandestinas.
Desde Oroinformacion.es ya pusimos la lupa sobre el llamado ‘Oro sangriento’, las explotaciones mineras clandestinas de Colombia, que constituyen una de las principales fuentes de ingresos de las organizaciones paramilitares.
Pero hay más países en Hispanoamérica cuyas economías se ven afectadas por este tipo de explotaciones ilegales. Según desvela Roberto Condezo en El Peruano, en el país andino existe una industria minera ilegal que extrae alrededor de 75 toneladas de oro al año, lo que constituye la mitad del total extraído en las minas peruanas al año. Una proporción que, si bien no alcanza los niveles de Colombia (donde el 85% de la producción de oro anual procede de explotaciones ilegales), sí constituye un porcentaje preocupante.
¿Dónde va este oro que ha sido extraído de forma ilegal en Perú? Pues ha logrado infiltrarse en los canales legales de exportación de este metal, de tal forma que ésta ha alcanzado las 30 toneladas de oro anuales en Perú. Y no sólo en el país donde se produce: países vecinos como Ecuador y Bolivia han registrado, en los últimos tres años, un incremento en sus exportaciones de alrededor de 45 toneladas al año, sin que se haya incrementado su producción minera anual. Es el oro extraído ilegalmente en Perú, que se ha introducido de contrabando en esos países para, desde allí, exportarse con todos los certificados de legitimidad.
Desde el periódico El Peruano cuantifican el impacto económico de esta minería ilegal en alrededor de 3.500 millones de dólares que han dejado de entrar en el sistema financiero del país, sin contar los impuestos y tasas por explotación que el Estado debería haber ingresado. Y a ello hay que añadir otro impacto, que además le cuesta dinero al propio Estado peruano: los daños medioambientales causados por las explotaciones ilegales.
Como señala Roberto Condezo, los mineros que trabajan en estas explotaciones son “esclavos modernos”, con telefóno, Internet y vehículos nuevos, pero exponiendo su vida en unas condiciones precarias de salud y seguridad.
Por eso, el Gobierno peruano tiene ante sí la tarea de regularizar la minería, de forma que estas pequeñas explotaciones entren en el circuito de la legalidad. “Sí es posible que la actividad minera de pequeña escala sea sostenible y que el Perú aproveche los mejores precios del oro y otros minerales”, concluye Condezo.
