La Unión Europea ha aprobado nuevas normas que van a restringir la importación de los llamados “minerales conflictivos”, entre los que se encuentra el oro, cuya venta está sirviendo para financiar a grupos armados.
El nuevo reglamento, aprobado el pasado 3 de abril tras tres años de negociaciones, será de obligado cumplimiento a partir del mes de enero de 2021, y obligará a los 28 Estados miembros de la Unión (27, cuando se consume el Brexit) a revelar la fuente de sus importaciones de diversos minerales: oro, wolframio, estaño y tántalo.
Estos cuatro metales tienen numerosas aplicaciones industriales en productos como teléfonos inteligentes, coches y joyería. El objetivo de la nueva legislación es mejorar los requisitos de trazabilidad de los metales y minerales que se importen.
Según el comunicado de prensa del Consejo de Europa, “el reglamento obliga a las compañías de la UE a verificar de forma responsable la procedencia de sus importaciones de estaño, tántalo, wolframio y oro, y a asegurarse de que no contribuyen a financiar conflictos armados” (en la imagen, el presidente del Consejo, Jean-Claude Juncker).
Con la denominación de “minerales conflictivos”, el Consejo se refiere también a aquellos que proceden de explotaciones mineras de trabajos forzados, organizadas por grupos armados que luego venden los minerales para financiar sus operaciones.
El Consejo señala que “al asegurar la trazabilidad de los productos, la nueva legislación está encaminada a cortar una de sus principales fuentes de ingresos. El reglamento incluye obligaciones claras para los países miembros de investigar de forma responsable la procedencia de los minerales, especialmente en su origen, lo que incluye la extracción y refinado de los mismos”.
Desde diversas ONG y Aministía Internacional consideran que se trata de un primer paso, pero que aún queda camino por recorrer. Entre las críticas que se han hecho al nuevo reglamento están la exclusión de otros minerales como el coltán (que se utiliza en la fabricación de teléfonos inteligentes); la exclusión de los productos manufacturados que contengan estos minerales; la falta de control sobre los pequeños importadores, como dentistas o joyeros; o la exclusión de la trazabilidad de los productos reciclados.
Con esta normativa, la UE se suma a las recomendaciones realizadas desde la OCDE y a iniciativas como la de Estados Unidos, con la aprobación, durante la presidencia de Barack Obama, de la llamada Ley Dodd-Frank. En su artículo 1.502, la Ley establece que todas aquellas empresas que reporten a la Securities and Exchange Commission (SEC, el regulador estadounidense), y que importen casiterita, coltán, wolframio u oro, están obligadas a localizar su origen y a presentar un informe de auditoría si proceden de las regiones en conflicto.