Saltaron las alarmas internacionales en el sector de los metales preciosos cuando el pasado año se descubrió que el 80% de las extracciones de oro en las minas de Colombia se realizaban ilegalmente. Pero no solo el problema estriba en que la minería colombiana está mayoritariamente fuera de la ley, sino que tanto la producción como su comercio está controlada por mafias y grupos guerrilleros que se embolsan cantidades millonarias muy superiores a los beneficios que aporta el narcotráfico.
Según ha publicado el periódico digital “El Nuevo Siglo”, “mientras un kilo de cocaína tiene un precio en Colombia de entre 8 y 10 millones de pesos colombianos (2.820 euros) en su punto de producción, un kilo de oro puede superar los 130 millones de pesos (35.000 euros) a pie de mina.
En declaraciones a ese periódico, el comandante de la Brigada del Ejército contra la Minería Ilegal advertía que “esta situación estaba causando un desastre ecológico que afectaba a no menos de 70 mil hectáreas así como a una gran cantidad de ríos, quebradas y fuentes hídricas impactadas por el vertimiento de mercurio en más de 160 municipios”.
Las disidencias de las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), la guerrilla del Eln (Ejército de Liberación Nacional), el Clan del Golfo y otras bandas criminales emergentes son los mayores protagonistas del negocio ilícito. Incluso muchos nichos de explotación artesanal o informal de oro han sido poco a poco captados por estas organizaciones de tipo mafioso que operan en parques naturales, páramos y zonas de reserva, así como en lugares apartados en las orillas de los ríos y minas escondidas selva adentro: Chocó, Antioquia, Cauca, Nariño, Valle, Putumayo, Amazonas, Guainía, el bajo Cauca antioqueño y el sur de Bolívar.
Afirma “El Nuevo Siglo” que “para nadie es un secreto que la industria de la minería es una de las más rentables y, por ende, fuerte en materia de ingresos al fisco”.
El año pasado, según el último boletín de la Asociación Colombiana de Minería, la inversión extranjera directa en el sector creció un 78%, llegando al nivel más alto desde 2014. En materia de oro hubo dos matices: por un lado, el incremento en la producción de la minería empresarial de la mano de la ampliación de la operación en el bajo Cauca; y, por otro, la reducción de la producción de la minería artesanal e informal debido a los operativos para combatir la extracción ilícita de minerales. En cuanto a las exportaciones del metal precioso, bajaron por cuenta de los mayores controles sobre la ilegalidad.
Para el periódico digital colombiano, la lucha contra la explotación ilegal de oro debe ir más allá: “A la par de las acciones de la Fuerza Pública para cerrar los socavones y las operaciones a cielo abierto no autorizadas, hay que perseguir toda la estructura de comercialización y lavado de activos de los multimillonarios recursos derivados de este peligroso flagelo”.
La propia Fiscalía General ha advertido que la cadena productiva criminal tiene tres eslabones determinantes: la extracción ilegal que afecta gravemente al medio ambiente, la comercialización interna del metal dorado a través de empresas pantalla y la comercialización internacional, lo que ha generado una de las más grandes operaciones de blanqueo de capitales.
A este respecto Néstor Humberto Martínez, fiscal general de Colombia, en carta al ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría, destaca que “desde el año 2015 a la fecha el ente acusador ha judicializado cuatro comercializadoras internacionales de oro y más de 50 proveedores nacionales del dorado metal los cuales habrían efectuado operaciones de lavado de activos por un valor de 10,6 billones de pesos”.
Para el “El Nuevo Siglo” una de las soluciones del problema pasaría porque el Gobierno debería estudiar a fondo la solicitud del fiscal general “para que se restablezca en el Banco de la República el monopolio de la compra de oro en el país, pues por esa vía se le daría un golpe sustancial a una industria ilícita que crece, mientras que la producción legal, que el año pasado llegó a un poco más de 32 toneladas, continúa retrocediendo, lo que resulta un contrasentido en un país que, como se dijo, tiene grandes potenciales auríferos y debería, por el contrario, doblar sus capacidades en el corto plazo, con todo lo que ello implica en materia de preservación del medio ambiente, impuestos, divisas, regalías e inversión social en las regiones”.