La subida del precio del oro durante los últimos años está provocando que los países productores de este metal estén tratando de modificar los términos de los contratos de explotación otorgados a favor de compañías mineras internacionales. Los gobiernos de estos países quieren acelerar el pago de unos dividendos que, en las actuales circunstancias, tardan varios años en cobrar.
El medio especializado en minería Mining Weekly señala que los países productores de oro quieren modificar la actual redacción de algunas cláusulas de los contratos de explotación minera, que entienden que favorecen más a las compañías mineras que los países en cuyo territorio operan.
Los expertos opinan que esta intención de renegociar los contratos se va a encontrar con la oposición de las compañías mineras, que temen que la modificación de los términos afecte a sus márgenes de beneficio. De hecho, algunas experiencias anteriores en este sentido han originado prolongadas disputas.
Uno de los últimos países en demandar una mejora en los términos de los contratos ha sido Mongolia, que quiere subir los ingresos derivados de impuestos por la explotación de la mina de cobre y oro de Oyu Tolgoi (en la imagen), por parte de la minera anglo australiana Rio Tinto. El Gobierno de Mongolia lleva varios años esperando a que la minera le abone los dividendos contemplados en el clausulado del contrato.
En África Occidental, el Gobierno de Mali quiere modificar varios contratos con compañías mineras internacionales, después de pasar varios años esperando para cobrar los dividendos.
Como señalaba Abdoulaye Pona, presidente de la Cámara Minera de Mali, a Mining Weekly, “lo que estamos reclamando es que los países africanos reciban mayores beneficios por su producción mineral”.
Desde el Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible apuntan que el tradicional desequilibrio entre los países ricos en minerales pero pobres en dinero y las compañías mineras multinacionales ha dado origen a un buen número de malos acuerdos que generalmente benefician a los inversores.
El agravamiento de la situación económica de estos países por la pandemia de Covid-19 podría conducir al endurecimiento de la legislación fiscal y a una estricta revisión de los contratos.
El objetivo de los gobiernos de los países productores es acelerar el pago de dividendos por la producción de metales como el oro y el cobre, cuyos precios se han disparado en los últimos años.
Esto es lo que ha sucedido, por ejemplo, en la República Democrática del Congo, que promulgó un nuevo código minero en 2018 que subía los royalties sobre la producción de oro, cobre y cobalto.
Ello despertó la indignación de la multinacional Glencore, que lleva tres años enfrentada al Gobierno del país, al no haber aceptado el cambio en las condiciones.
En el caso de Mongolia, que posee el 34% de la mina de Oyu Tolgoi, las últimas estimaciones por parte de Rio Tinto sobre el coste de la expansión subterránea de la mina hacen improbable el cobro de dividendos al menos hasta el año 2051.
En Mali, el Gobierno provisional está revisando los acuerdos mineros después de que el auditor general identificara problemas como la no distribución de dividendos.
En septiembre pasado, la filial local de la minera canadiense Barrick Gold abonó su primer dividendo a Mali, 15 años después de que se iniciara la producción en la mina de Loulo y justo después de que el auditor general alertase del impago.
El Gobierno de Mali también ha reclamado a la minera australiana Resolute Mining el pago de dividendos al Estado, propietario del 20% de la mina Syama, que comenzó a producir en 2008.
Desde la minera han informado al Gobierno de Mali que comenzará a abonar los dividendos en cuanto la compañía alcance beneficios.
El problema con que se encuentran los países productores es que tienen que impulsar estas reformas con cautela, para no alejar a los inversores internacionales. Un complicado equilibrio que, de momento, está beneficiando a las mineras.
