El nuevo Gobierno de Papúa Nueva Guinea quiere retener al menos el 30% del total de oro que se extrae en su territorio, como parte de un plan para transformar la economía, según ha declarado el ministro de Comercio en un foro de inversores celebrado en estos días en la ciudad australiana de Sídney.
Papúa Nueva Guinea fue el decimocuarto mayor productor de oro en 2018, con un total de 69,1 toneladas, un 7% más que el año anterior y muy cerca de la cantidad registrada en 2010, que fue de 69,7 toneladas.
Buena parte de esa producción se extrae en la mina de oro de Porgera (en la imagen), explotada por una ‘joint-venture’ entre la segunda mayor minera mundial, Barrick Gold, y la compañía china Zijin Mining Group, titulares de la concesión que debe renovarse en estos días.
Ambas poseen un 47,5% de la propiedad de la mina, mientras que el 5% restante corresponde a la empresa local Mineral Resources Enga, que es también la propietaria de los terrenos.
El objetivo del nuevo Gobierno de Papúa Nueva Guinea es que al menos el 30% de esa producción de oro permanezca en el país en vez de ser exportado, como parte de un plan para transformar la economía.
Según explicó el ministro de Comercio del país, Wera Mori, en un reciente foro de inversiones celebrado en Sídney (Australia), Papúa Nueva Guinea está elaborando planes para lograr que una mayor parte de sus riquezas naturales permanezcan en su territorio en vez de ser exportadas, lo que contribuirá a mejorar su economía.
El plan de retener el 30% del oro extraído tiene también otro objetivo, ya que el Gobierno papú quiere vincular su divisa, el kina, al oro, en vez de mantener su paridad con el dólar estadounidense.
En la actualidad, el Banco Central de Papúa Nueva Guinea vincula el valor del kina a un estrecho margen de dólares, con lo que logra mantener la divisa local, al tiempo que provoca una escasez de dólares en este país de Oceanía.
El nuevo presidente de Papúa Nueva Guinea desde el pasado mes de mayo, James Marape, anterior ministro de Finanzas, ha criticado a algunas de las principales empresas que extraen recursos naturales del territorio nacional, ya que considera que la riqueza que obtienen de sus explotaciones no revierte en las comunidades locales.
Su estrategia pasa por sentarse a negociar con estas compañías para renovar las concesiones a cambio de una mayor inversión en el país y un mayor porcentaje de materias primas para apuntalar la economía nacional.
En el caso de la mina de Porgera, el objetivo de las negociaciones será reducir el porcentaje de propiedad de Barrick y Zijing, y repartirlo entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y los propietarios de la tierras. A cambio, el Gobierno está dispuesto a renovar la concesión durante 20 años más.
Está por ver si las compañías mineras aceptan esta reducción de sus porcentajes de propiedad, a cambio de la renovación de la concesión. El objetivo del Gobierno es asegurar que alrededor del 30-40% de la propiedad queda en manos locales, en vez del 5% actual.
