La mina de oro de Peñasquito (México), explotada por la compañía estadounidense Newmont Goldcorp, se encuentra sometida a un bloqueo por un grupo de transportistas, que ha detenido la producción de la explotación, lo que está costando millones de dólares al día tanto a la propia compañía como al Gobierno de México.
Según confirmó a Reuters el viceministro de Economía y responsable de Minería del Gobierno mexicano, Francisco Quiroga, el bloqueo a que está siendo sometida la mina de oro de Peñasquito está costando millones de dólares diarios tanto a las arcas del Estado como a la propia compañía explotadora, la estadounidense Newmont Goldcorp.
El ministro señaló que es urgente encontrar una solución al problema, para que se puedan reanudar cuanto antes las operaciones en la mina de oro más importante del país: “cada día que permanece cerrada, se producen pérdidas millonarias para la compañía y para las arcas públicas”.
Aunque Quiroga no ofreció más detalles sobre la cuantía de esas pérdidas, sí trascendió que la mina de Peñasquito contribuyó en 2018 con unos 37 millones de dólares a un fondo social creado a partir de los ingresos derivados de los impuestos sobre las compañías mineras.
La mina de Peñasquito, una explotación a cielo abierto situada en el estado norteño de Zacatecas, produjo un total de 272.000 onzas de oro (8,5 Tm) en 2018, un 42% menos que las 14,8 toneladas de 2017.
Aun así, la mina representa el 17% del valor neto de los activos de Newmont, según un análisis de Scotiabank.
El bloqueo de la entrada a la mina por parte de un grupo de camioneros se mantiene desde el pasado 27 de marzo, con el argumento de que las operaciones mineras han provocado que se seque un acuífero que abastecía a la cercana población de Zacatecas.
A finales del pasado mes de abril, la compañía decidió suspender la producción de la mina, así como los pagos y beneficios que ésta generaba para las poblaciones de alrededor.
Según comentó el ministro Quiroga ante la prensa, no está claro si el acuífero se secó debido a la actividad de la mina, pero la compañía debería implicarse en resolver las “legítimas demandas” sobre el agua, de una forma pública y transparente.
La minera ha denunciado que una compañía de transportes local y un colectivo de la cercana población de San Juan de Cedros quieren que Newmont pague 442 millones de dólares por los “presuntos efectos de la actividad sobre un acuífero situado en la comunidad”.
El director de asuntos corporativos de Newmont, Michael Harvey, se ha mostrado tajante: “estamos dispuestos a resolver cualquier cuestión relativa al agua en la comunidad, pero no vamos a ceder a una extorsión camuflada como demanda social”.
Por su parte, Felipe Pinedo, uno de los líderes de la protesta, acusó al Gobierno mexicano de ponerse del lado de la compañía minera en la disputa. El colectivo demandante no solo quiere recuperar el agua, sino que la minera les pague por los daños y perjuicios sufridos.
La tercera parte afectada son los propios empleados y proveedores de la mina, que temen que la situación se prolongue y pierdan sus empleos y sus contratos. Ellos también se han movilizado para denunciar su situación y pedir el fin del conflicto.
De momento, la situación se encuentra estancada, lo que supone un perjuicio tanto para la compañía minera como para el Gobierno mexicano. La mina ya registró una caída de producción entre 2017 y 2018, pero si sigue el conflicto, es de esperar que la caída a finales de este año sea aún mayor.
México fue en 2018 el décimo mayor productor mundial de oro, con 115 toneladas, un 3,4% menos que el año anterior.