El principal problema al que se enfrentan diversos países productores de oro situados en Hispanoamérica y África es la proliferación de explotaciones mineras artesanales y a pequeña escala que, frecuentemente, carecen de controles de seguridad y medioambientales y están vinculados a grupos criminales, por lo que el destino del oro que extraen suele ser el contrabando y el mercado negro. Países como Perú están encarando la legalización de este tipo de minería, en un proceso que se va a extender en principio hasta el año 2024.
Como publica el medio especializado Mining.com, el esfuerzo legislativo y ejecutivo de Perú para legalizar la minería tradicional y a pequeña escala ha cristalizado en una ley que amplía el proceso de legalización de las explotaciones hasta el 31 de diciembre de 2024.
La Ley nº 31388 establece también la creación de la primera política nacional sobre minería artesanal y a pequeña escala, y articula un plazo de 180 días para la elaboración del borrador de una ley que regule el sector.
Se espera que esta nueva ley regule el proceso de formalización permanente de los mineros artesanales, siempre bajo la premisa del desarrollo sostenible.
Según las cifras de un reciente estudio realizado por la Universidad del Pacífico, a petición de la ONG Solidaridad, revela que la minería artesanal y a pequeña escala extrajo el 20% del oro que Perú exportó en 2018, por un valor de 1.600 millones de dólares.
El informe subraya que Perú es el mayor productor de oro de América Central y del Sur, y el sexto mayor del mundo. En el país trabajan entre 200.000 y 300.000 mineros artesanales, lo que significa que alrededor de un millón de personas están relacionadas, de forma directa o indirecta, con una actividad cuyo crecimiento descontrolado genera conductas peligrosas, explotación, tráfico de personas y otras actividades criminales.
Las conclusiones del estudio realizado por la Universidad del Pacífico sugieren que una forma de acelerar el proceso de legalización o ‘formalización’ es establecer mecanismos que permitan la colaboración entre los mineros artesanales y las grandes empresas mineras.
De esta forma, los mineros tradicionales podrán establecer pequeños negocios mineros formales, por medio de colectivos con estructuras bien organizadas y cuyos miembros no solo tengan conocimientos sobre los medios de comercialización del oro, sino que también estén inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).
Otra condición para una colaboración fructífera entre las grandes compañías y los mineros artesanales es que ambos grupos acuerden establecer sus operaciones en diferentes lugares de la misma zona geográfica.
Incluso, que cada grupo se dedique a la extracción de minerales distintos o, como alternativa, que utilicen diferentes métodos de extracción del mismo mineral.
El estudio también establece que las compañías mineras deberían empezar a considerar a los mineros artesanales como actores clave para apoyar el desarrollo de las comunidades locales, lo que podría requerir algunos cambios en la política interna y estructura corporativa de las grandes mineras.
Para que accedan a esto último, deberían recibir incentivos, en forma de estímulos económicos o de producción, que podrían traducirse en el uso del conocimiento de los mineros locales para ahorrar costes o en el beneficio social y reputacional derivado de esta colaboración, que evitaría costosos enfrentamientos con las comunidades locales.
La última propuesta del informa es que los pequeños mineros y las grandes compañías se sienten a negociar en presencia de una tercera parte, de carácter neutral, que pueda facilitar el diálogo entre ambos o facilitarles asistencia técnica.