El Fondo Monetario Internacional está entre los mayores poseedores mundiales de oro. Dado que entre sus objetivos está el de ayudar con préstamos a los países que tienen problemas con su balanza de pagos, en ocasiones se ha planteado la cuestión de si la institución podría vender parte de sus grandes reservas de oro para acometer esta labor.
El último listado publicado por el Consejo Mundial del Oro a principios de febrero detalla que el Fondo Monetario Internacional es el tercer organismo mundial, por detrás de la Reserva Federal estadounidense y del Bundesbank alemán, que acumula unas mayores reservas de oro.
En concreto, la cifra atribuida al organismo de cooperación internacional es de 2.814 toneladas, una cantidad mayor de la que poseen los bancos centrales de países como Italia, Francia, Rusia, China o Suiza.
El valor de mercado de este oro superaba los 170.000 millones de dólares a finales del año pasado, mientras que el coste histórico del metal precioso, según figura en la contabilidad del organismo internacional, fue inferior a los 5.000 millones de dólares.
En estas circunstancias, algunos analistas consideran que el oro es un recurso prácticamente gratuito para el FMI, que debería ser utilizado por éste para hacer frente a la situación de la economía global y a retos como el cambio climático o la pandemia, que han puesto a prueba los menguantes presupuestos destinados a la ayuda internacional.
En el blog del Centro para el Desarrollo Global, Mark Plant y David Andrews se han planteado esta cuestión y explican las posibilidades de que el FMI pueda liquidar parte de sus reservas para llevar a cabo sus funciones.
Según los autores, “ciertamente es posible que el FMI venda oro. Los significativos beneficios derivados de la venta del metal durante los últimos años han permitido incrementar los fondos destinados por el organismo a apoyar a los países con escasos ingresos. Sin embargo, diversas cuestiones de orden legal, político y práctico limitan la forma en que el FMI puede hacer uso del oro”.
En efecto, la normativa interna del organismo internacional establece que solo se puede proceder a vender oro con el apoyo de una mayoría del 85% de su Consejo Ejecutivo. Esta amplia mayoría implica que el apoyo de los Estados Unidos (que debe ser respaldado por el Congreso) es esencial, por lo que las coaliciones entre otros países podrían vetar la propuesta de venta.
Además, el FMI carece de autoridad para acometer otras transacciones como préstamos, swaps o el uso de oro como garantía, lo que le permitiría aprovecharse del alto valor de mercado de sus reservas.
Por otro lado, la normativa interna del organismo internacional limita de forma estricta el uso de los beneficios derivados de la venta del oro. Según explican desde el Centro para el Desarrollo Global, la mayor parte de las reservas de metal precioso del FMI se adquirieron después de la Segunda Enmienda al Convenio Constitutivo del mismo, en 1978.
Según esta enmienda, los beneficios del oro que se venda solo podrán utilizarse en operaciones y transacciones acordes con los objetivos del Fondo, lo que impediría, por ejemplo, financiar directamente el gasto en medidas contra el cambio climático o sanitarias.
Como señalan Mark Plant y David Andrews, “relajar esta normativa requeriría una enmienda al Convenio, lo que suele tardar meses o incluso años, debido a la necesidad de obtener una mayoría equivalente a las tres quintas partes de los miembros, que representen más del 85% de los votos”.
Otra cuestión que el FMI tiene muy en cuenta es el hecho de que una venta masiva de las reservas de oro del organismo podría provocar una importante reacción en el mercado del metal. “El del oro es el mercado de commodities más inusual, en el que los stocks acumulados son muy superiores a la producción minera anual. En consecuencia, el precio del oro es muy sensible a los cambios en las reservas de metal, incluyendo a las del FMI”, señalan.
Además, es improbable que el FMI lleve a cabo unas ventas que perjudiquen los intereses del mercado del oro, ya que los cinco mayores productores mundiales de oro (China, Rusia, Australia, Estados Unidos y Canadá) acaparan cerca del 30% de los votos del Consejo Ejecutivo del organismo, por lo que podrían vetar las ventas, que requieren de una mayoría del 85%.
