La compañía minera canadiense Gabriel Resources ha demandado a Rumania por la cantidad de 4.400 millones de dólares debido a supuestas pérdidas por bloquear un proyecto de extracción de oro y plata en la mina Roșia Montană, situada en Transilvania, que el Gobierno de Bucarest se negó a aprobar
La canadiense Gabriel Resources obtuvo una licencia en 1999 para explotar los depósitos de oro y plata de Roșia Montană, en Transilvania, pero nunca obtuvo los permisos necesarios para emprender la extracción de los metales preciosos. La compañía afirmó que cumplía con todos los requisitos legales necesarios solicitados tanto por Rumania, como por la Unión Europea.
La demanda ha sido llevada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, acusando a Rumanía de bloquear injustamente un proyecto valorado en 2 mil millones para crear una de las mayores minas de oro de Europa y expropiar sus activos.
Grupos medioambientales, ecologistas y locales de Transilvania han librado una amarga batalla contra el plan minero, argumentando que destruiría una región de belleza natural y dañaría las minas históricas que datan de la época romana.
Algunas de las mayores protestas callejeras desde la era comunista estallaron en Rumania en 2013 después de que la entonces coalición socialista-liberal enviara un proyecto de ley al parlamento dando la aprobación al proyecto. Un gobierno socialista entrante en enero de este año pidió a la Unesco que otorgara el estatus de patrimonio mundial a Rosia Montana, lo que acabaría con cualquier posibilidad de desarrollar la mina
Después de gastar unos 700 millones de dólares durante 15 años intentando construir su principal mina a cielo abierto de Roșia Montană, la compañía de Toronto cerró un acuerdo con el gobierno del país europeo, lo que cedió a los ambientalistas la presión para detener el proyecto debido a preocupaciones sobre el uso de cianuro en el proceso de extracción.
Los opositores al proyecto también afirmaron que Roșia Montană Gold Corporation (RMGC), propiedad mayoritaria de Gabriel Resources, incurría en lavado de dinero y evasión de impuestos.
El gobierno del país retiró oficialmente su apoyo al proyecto en 2014, después de revocar un proyecto de ley que habría permitido que la mina siguiera adelante.
Gabriel Resources intentó llegar a una “solución amistosa” con la nación centroeuropea, pero la falta de respuestas lo empujó a buscar el arbitraje internacional.
La operación a cielo abierto habría creado la mina de oro más grande de Europa y, según la compañía, habría inyectado hasta 24.000 millones de dólares en la economía rumana. La producción anual estimada era de 500.000 onzas de oro y plata, sobre un área que tiene 17 millones de onzas.
La reclamación canadiense por daños y perjuicios por valor de 4.400 millones de dólares representa más del 2% del producto internior bruto pronosticado por la nación, de poco menos de 200.000 millones de dólares este año.
Bucarest tiene hasta principios de 2019 para responder a la demanda. El tribunal escuchará los argumentos en septiembre del próximo año.