El primer ministro rumano, Mihai Tudose, se ha mostrado dispuesto a retirar la candidatura de la antigua zona minera de Roșia Montană a la lista de lugares Patrimonio de la Humanidad, que había sido presentada por el anterior Ejecutivo del país a la Unesco.
Se trata de una medida destinada a reanudar la explotación minera de la zona, en la que se encuentra uno de los mayores depósitos de oro de Europa. Se estima que en la zona minera de Roșia Montană existen reservas de alrededor de 314 toneladas de oro y unas 1.500 toneladas de plata, y su posible explotación ha generado controversias entre la empresa minera canadiense titular de la explotación, Gabriel Resources, y activistas locales.
El principal motivo de enfrentamiento es que proyecto de extracción del oro por parte de la minera canadiense incluye un uso intensivo de cianuro, lo que convertirá un valle adyacente en una presa de retención de residuos, que contendrá más de 250 toneladas de agua con cianuro.
Además, el proyecto supondrá la destrucción de cuatro picos montañosos, algunos pueblos cercanos y una serie de galerías romanas de más de 2.000 años de antigüedad.
De hecho, las protestas en torno a la explotación se extendieron durante más de tres semanas, en el año 2013 y llevaron al Gobierno de entonces a retirar su apoyo al proyecto.
Sin embargo, durante un discurso televisado, el primer ministro Mihai Tudise cuestionó la decisión del anterior Ejecutivo rumano de presentar la candidatura de Roșia Montană a la lista de lugares Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, lo que, según él, afectaría a la capacidad de Rumanía de explotar sus recursos minerales en el futuro.
Portavoces de los grupos opositores a la mina creen que el Gobierno trata de buscar soluciones para no tener que pagar millonarias compensaciones a la compañía minera canadiense.
Desde que obtuvo la licencia de explotación en 1999, Gabriel Resources ha invertido más de 700 millones de dólares en Rumanía. A finales de junio, la compañía minera recurrió al Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial, solicitando compensaciones por valor de 4.400 millones de dólares. La primera vista se ha fijado para septiembre de 2019.
Según la prensa local, el despacho de abogados que defiende los intereses de Rumanía en el conflicto envió una carta al primer ministro en la que le sugerían la retirada del procedimiento de arbitraje y el apoyo al proyecto de la compañía minera
Está previsto que durante los próximos fines de semana se lleven a cabo diversas manifestaciones de protesta en varias ciudades romanas.
