Más de tres siglos después de su hundimiento, los restos del galeón español San José, hundido por la Armada británica frente a las costas de Colombia, aún no descansan en paz, debido a un enfrentamiento a tres bandas entre el Gobierno colombiano, la empresa norteamericana Sea Search Armada (SSA), que declaró haber localizado los restos del buque en 1981, y el Gobierno español.
No es para menos: las bodegas del galeón español, hundido el 8 de junio de 1708 frente a Cartagena de Indias, estaban cargadas de monedas de oro y piedras preciosas, con un valor estimado en 17.000 millones de dólares. “Se trata de una de los más grandes descubrimientos en la historia de la Humanidad”, señaló el 27 de noviembre de 2015 el presidente del Gobierno colombiano, Juan Manuel Santos. Sí, pero ¿de quién fue el descubrimiento? ¿A quién pertenecen los restos?
La cuestión se complica bastante: la búsqueda del pecio del San José se desarrolló durante años. El San José era el buque insignia de la Armada de Plata del rey español Felipe V, que transportaba metales preciosos de las colonias de América a la metrópoli. La Royal Navy lo interceptó y hundió frente a Cartagena de Indias.
La búsqueda comenzó en 1979, a cargo de una empresa cazatesoros predecesora de SSA. Esta empresa había llegado a un acuerdo con el Gobierno colombiano: si encontraban los restos del barco, se llevarían un porcentaje del tesoro.
En 1981, SSA afirmó haber encontrado el pecio, pero el Gobierno colombiano no confirmó el descubrimiento. Ello dio pie a un litigio que se extendió durante años, y que enfrentó a SSA con el Gobierno colombiano por los derechos del hallazgo. Litigio que concluyó en 2011, después de que un tribunal fallase que el galeón pertenecía al Gobierno colombiano.
Sin embargo, el 27 de noviembre de 2015, el caso se complicó aún más, después de que funcionarios del Gobierno de Santos anunciasen que el pecio había sido localizado en un lugar diferente al que señaló en su día la empresa SSA. Teoría que fue rechazada por la propia empresa cazatesoros, que afirmaba que todo se debía a un cambio en la tecnología utilizada para el rastreo y que aseguraba que estaba autorizada para recuperar los restos.
Desde el Gobierno colombiano amenazaron con acciones militares contra los que desempeñasen actuaciones no autorizadas en aguas jurisdiccionales colombianas… y desde SSA replicaron que cualquier acción militar contra sus barcos, que enarbolan el pabellón de los Estados Unidos, sería interpretado contra un acto de guerra contra su país.
A todo estos, faltaba un tercero en disputa, con mucho que decir: el Gobierno español, que se declaraba como propietario legítimo del navío y de su contenido. El problema es que España basa su reclamación en dos convenciones internacionales, la Convención de Naciones Unidas de Derechos del Mar y la Convención de la Unesco sobre el Patrimonio Cultural Subacuático, que no han sido ratificadas por Colombia, por lo que este país considera que no le son de aplicación.
El Gobierno español recuerda también que el pecio es la tumba de 570 compatriotas que perecieron en el ataque y que debe ser respetada. Pero Colombia no lo ve así.
La reunión que mantuvieron el 12 de diciembre de 2015 en Cartagena de Indias los ministros de Exteriores de Colombia, María Ángel Holguín, y de España, José Manuel García-Margallo, terminó sin acuerdo alguno sobre la propiedad del barco, más allá de una bienintencionada declaración que buscaba la protección del patrimonio hundido. Ni siquiera la oferta española de recuperar los restos para mostrarlos en un museo fue atendida por el Gobierno de Santos.
Un año después, la situación sigue igual, pendiente del enfrentamiento entre el Gobierno colombiano y la empresa norteamericana.
