La minería de oro ilegal ha sido y es una de las principales plagas que tienen que sufrir las compañías mineras sudafricanas, que ven cómo estas pequeñas explotaciones se llevan miles de onzas de oro que, en muchas ocasiones, acaban financiando al crimen organizado.
El problema se agrava con el paso del tiempo, ya que cada vez queda menos oro por extraer del subsuelo, y el acceso al que queda es cada vez más complicado y costoso. Muchas han sido las iniciativas que ha llevado a cabo la industria, tanto en Sudáfrica como en Sudamérica y África, donde también sufren este problema.
Sin embargo, la compañía minera sudafricana Sibanye Gold no está dispuesta a seguir sufriendo este problema y, según informa Reuters, ha asegurado que expulsará a todos los mineros ilegales de sus explotaciones antes de enero de 2018.
La campaña, denominada “Zero Zama” (“zama zamas” es el nombre zulú que reciben los mineros ilegales, y que significa algo así como “los aprovechados”), cuenta con un presupuesto de 200 millones de rand (unos 14 millones de euros).
Los expertos auguran muchas dificultades para la compañía, en un país acosado por el desempleo, la pobreza, el crimen y la falta de controles fronterizos. La mayoría de los mineros ilegales son inmigrantes indocumentados que proceden de los países vecinos y que trabajaban para muchas de las minas sudafricanas que ya están cerradas.
En 1987, el sector de la minería de oro sudafricano empleaba a más de 540.000 personas; en 2016, apenas son 116.000 los trabajadores.
Esos mineros ilegales cuentan con el apoyo de organizaciones que se encargan de traficar con el mineral extraído y que cuentan con una importante financiación y son muy peligrosas. Por eso, según los expertos en seguridad, la iniciativa de Sibanye podrá reducir la minería ilegal al 90%, pero no logrará erradicarla completamente.
Daños económicos
Según los cálculos de la Cámara de Minas, en un documento enviado al Parlamento el pasado mes de marzo, el impacto económico de la actividad de los mineros ilegales es de más de 20.000 millones de rand (1.400 millones de euros) anuales, entre las ventas, impuestos y royalties que dejan de percibir el Estado y la industria.
A ello hay que añadir los daños que se producen en las infraestructuras de las zonas donde se desarrollan las actividades mineras ilegales, debido al robo de cables de cobre y otros materiales.
El presupuesto que dedica en 2017 Sibanye a la seguridad de su división de oro es de 400 millones de rand (28 millones de euros), que es casi el 20% de sus beneficios del año pasado.
Estrategia
Para hacer frente a la minería ilegal, la estrategia de Sibanye incluye el establecimiento de un sistema de recompensas para los trabajadores que denuncien actividades sospechosas, unidades tácticas de seguridad que pueden practicar detenciones en el interior de las minas y la implantación de controles de acceso con medidas biométricas de seguridad, para asegurarse de que solo entra en la mina el personal autorizado.
Uno de los principales frentes de esta batalla se va a desarrollar en la mina de Masimthembe, a 70 kilómetros al oeste de Johannesburgo. Se trata de la mina más rentable de la compañía con diferencia: su rentabilidad es del 4.856%, frente a una media del 2,1% en la industria local.
La mina era utilizada como acceso a otros pozos, por medio de una intrincada red de túneles. Según Sibanye, ya se ha erradicado a los “zamas” de esta zona.
El trabajo de los mineros ilegales es extremadamente peligroso: carecen de las medidas de seguridad con que cuentan los mineros “organizados” y están expuestos a caídas. Pueden pasar semanas encerrados en los pozos, mientras los grupos de apoyo les suministran víveres.
Según el documento remitido por la Cámara de Minas al Parlamento sudafricano, en 2016 se recuperaron 76 cadáveres de “zamas” bajo tierra, en comparación con las 73 víctimas que se registraron en la industria oficial.
El material extraído de forma ilícita se vende en el mercado a distribuidores locales e internacionales, entre los que se encuentran mercados como Dubai y la India.
