Las refinerías de oro suizas no realizan suficientes controles respecto a la procedencia del metal que importan, lo que podría abrir la puerta a que oro procedente de explotaciones de minería artesanal de dudosa procedencia entraran en el mercado. Una reciente auditoría ha encendido las alarmas, al denunciar que los importadores ilegales no encuentran demasiadas dificultades para introducir oro en el país y que las sanciones previstas son inadecuadas.
La polémica sobre el oro procedente de explotaciones de minería artesanal, en las que se vulneran los derechos de los trabajadores y se pone en peligro el medio ambiente, se ha trasladado a Europa.
Días después de que la Perth Mint australiana se situara en el ojo del huracán debido a la importación de oro procedente de explotaciones ilegales en Papúa-Nueva Guinea, la atención se centra ahora en la industria suiza de refinado de oro.
Según un informe de la Oficina Federal de Auditoría, no existen suficientes controles respecto a la procedencia del oro importado, lo que permite que se introduzca en el país metal de dudosa procedencia.
La industria suiza se encarga de refinar la mayor parte del oro mundial, en un negocio que mueve entre 70.000 y 90.000 millones de dólares anuales. Para ello, necesita una ingente cantidad de doré y oro sin refinar, por lo que el metal precioso es la principal materia importada por el país.
Las refinerías suizas (en su mayoría ubicadas en el cantón italoparlante del Tesino) insisten en que verifican exhaustivamente los orígenes del oro que reciben, para asegurarse de que procede de explotaciones convenientemente reguladas que respetan los derechos humanos y de los trabajadores.
Sin embargo, diversas ONG han denunciado que la legislación es incompleta y fragmentada, y que deja demasiado margen para que el sector se autorregule.
Tras una auditoría oficial llevada a cabo por las autoridades, las conclusiones apuntan a que Suiza carece de medios eficientes para hacer cumplir las leyes que se aplican a la industria del oro.
Por ejemplo, las multas máximas que prevé la actual legislación para las refinerías que acepten oro procedente de explotaciones no autorizadas resultan “inadecuadas”, ya que su cuantía máxima es irrisoria: apenas 2.000 francos suizos (2.116 dólares).
Además, la fórmula para registrar las importaciones, que mezcla el oro destinado a los bancos con el que se entrega a las refinerías, dificulta el seguimiento de los flujos de metal.
Desde la ONG Swissaid han manifestado a la televisión pública RTS que el seguimiento se complica aún más cuando el oro se transporta vía terceros países antes de acabar en Suiza. Así, el oro que se extrae en Venezuela se envía a las refinerías suizas haciendo escala en la isla caribeña de Curaçao, lo que hace aún más difícil el seguimiento.
La complejidad de la cadena de suministro ofrece oportunidades a los comerciantes sin escrúpulos para que mezclen el oro ilegal con los cargamentos autorizados.
Tanto la Administración Federal de Aduanas como la Asociación Suiza de Fabricantes y Comerciantes de Metales Preciosos aseguraron a la televisión pública que están de acuerdo en líneas generales con el informe de auditoría y que aceptarán un endurecimiento razonable de la supervisión.
Sin embargo, esto no incluiría acceder a la petición de las ONG de que las refinerías den a conocer los nombres de las minas de oro con las que trabajan.
El Gobierno Federal, por su parte, no ha mostrado demasiado interés en endurecer la legislación relativa a un negocio tan lucrativo para Suiza como es el oro. La propia industria ha realizado algunos movimientos hacia la autorregulación, como la llamada Better Gold Initiative de 2013, un proyecto destinado a reducir la pobreza y mejorar las condiciones sociales y medioambientales de la minería artesanal.
Como es tradicional en el sistema político de Suiza, serán los votantes quienes decidan, en una consulta que se llevará a cabo este otoño o el año que viene, sobre una iniciativa que haría a las empresas suizas legalmente responsables de sus negocios en el extranjero.
