La decisión de Donald Trump de recortar drásticamente la extensión de dos Monumentos Nacionales (una categoría similar a los parques nacionales) situados en el estado de Utah podría desencadenar una oleada de reclamaciones de parcelas de esos territorios para su posible explotación minera en busca de oro, plata, cobre y uranio… en virtud de una ley de minería que data de 1872.
El pasado 4 de diciembre, el presidente estadounidense Donald Trump hizo pública su decisión de retirar la protección federal a varios millones de acres que forman parte de sendos Monumentos Nacionales situados en el estado de Utah que habían sido instituidos por los anteriores presidentes del Partido Demócrata: Bear Ends (en la imagen) en 2016 por Barack Obama y Grand Staircase-Escalante en 1996 por Bill Clinton.
Se trata de la mayor reducción de espacios protegidos llevada a efecto hasta ahora en la historia de los Estados Unidos. La medida supondrá la reducción de la superficie del Bears Ends National Monument en más de 1,1 millones de acres (más de 445.000 hectáreas, el 85% de la superficie del parque) y del Grand Staircase-Escalante National Monument en 800.000 acres (324.000 hectáreas, el 46% de su superficie).
Se trata de una medida inédita hasta ahora, ya que ningún presidente de los Estados Unidos se había atrevido a modificar en los últimos 50 años la protección otorgada a los llamados Monumentos Nacionales por la Ley de Antigüedades de 1906.
En un discurso pronunciado en Salt Lake City (Utah), Trump manifestó que quería revertir la extralimitación de funciones en que habían incurrido anteriores gobiernos federales y que había tomado la decisión “porque algunos piensan que los recursos naturales de Utah deben estar controlados por un puñado de burócratas de Washington, y están equivocados”.
Su decisión permitirá que los terrenos que antes estaban protegidos por las leyes federales queden sujetos a usos como la explotación minera o el uso por parte de vehículos motorizados.
Lo más curioso del caso es que, desde el mismo momento en que entre en vigor la reducción de la superficie protegida, ciudadanos particulares y empresas estarán autorizados a reclamar parcelas del territorio con el objetivo de explotar los minerales que contiene, según una antigua ley de minería que data de 1872.
En efecto, según establece la Ley General de Minería proclamada en ese año, bajo la presidencia de Ulysses S. Grant, el procedimiento que deberán seguir los interesados en los territorios liberados de Bear Ears y Grand Staircase-Escalante es el mismo que se seguía durante la fiebre del oro: clavar cuatro estacas en las esquinas de la parcela cuya explotación se reclama, que puede ser de hasta 20 acres (unas ocho hectáreas) y colgar de una de ellas una descripción escrita de la reclamación.
Posteriormente, los interesados tendrán un plazo de 30 días para registrar su reclamación en la oficina más próxima del U.S. Bureau of Land Management. Desde la Oficina de Utah de este departamento gubernamental han asegurado que ya están preparando los mapas para los interesados en reclamar las parcelas.
Los gastos derivados de la reclamación no son muy altos: una tasa de solicitud de 212 dólares y una cuota anual de 150. Además, a diferencia de las leyes que regulan la extracción de petróleo, la minería en terreno rocoso no está sujeta a regulación medioambiental y no es necesario pagar royalties. Eso sí, los interesados reciben la autorización para la explotación de los minerales, pero no la propiedad de la parcela.
La ley ampara la extracción de uranio, cobre, oro, plata y otros metales preciosos, aunque excluye específicamente el carbón y el petróleo.
Respecto al interés que pueda provocar la liberación del terreno y los posibles daños medioambientales, se sabe que la zona de Bears Ends contiene yacimientos de uranio, aunque este mineral no constituye una de las preocupaciones de los grupos de defensa del medio ambiente. El precio del mismo se ha desplomado en los últimos diez años, desde más de 130 dólares la libra a apenas 25, debido a la drástica reducción de la demanda para la fabricación de reactores nucleares.
La administración Trump ha negado que su intención sea promover la explotación minera de la región, como ha hecho en otras zonas anteriormente protegidas (Alaska, por ejemplo). Sin embargo, desde varios grupos ecologistas y el Partido Demócrata han criticado que no se haya derogado aún la ley de 1872.
Según Lauren Pagel, director de política de Earthworks, “se trata de la última ley que aún está en vigor procedente de una era en la que se promovía que los recursos eran gratuitos para todos”.
