La compañía minera canadiense Gran Colombia Gold ha presentado una demanda de 700 millones de dólares contra Colombia por una presunta vulneración del Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y Colombia.
La minera quiere compensación después de que el Gobierno colombiana haya obligado a suspender las operaciones en el proyecto de Marmato (en la imagen) hasta realizar consultas con la población local.
En su demanda, Gran Colombia señala que Colombia “ha sido incapaz de desalojar a los mineros ilegales que trabajaban en las minas de Marmato y Segovia, y tampoco ha impedido que la guerrilla marxista, el ELN, haya interferido en sus operaciones de extracción de oro en la provincia de Antioquia”, según ha publicado Kitco.
La compañía también alega que el Estado de Colombia no es capaz de mantener el orden público ni controlar las huelgas y disturbios que han provocado daños en sus propiedades.
La población local está en contra de los planes de la compañía minera de dinamitar una montaña para abrir una mina de oro a cielo abierto.
Gran Colombia se ha topado con innumerables dificultades en la mina de Marmato, que adquirió en 2011, entre los que se cuentan varios intentos infructuosos de desalojar a los mineros ilegales de la zona.
Las explotaciones mineras ilegales se han convertido en un serio problema para la minería en varios países hispanoamericanos, ya que, además de provocar daños medioambientales y comprometer la seguridad de los trabajadores, el mineral extraído puede acabar en manos de grupos armados y servir para financiar la compra de armas.
Según las estimaciones, la minería ilegal está muy extendida en el país y mueve alrededor de 2.500 millones de dólares.
Los recursos de la mina de Gran Colombia se estiman en 14 millones de onzas de oro y unos 90 millones de onzas de plata, además de 300 millones de toneladas de minerales, descubiertos en 2012
El Gobierno colombiano también se enfrenta a demandas por parte de otras compañías mineras, entre las que se incluye la sudafricana AngloGold Ashanti, que no ha podido obtener acceso estable a su mina de La Colosa, que contiene 33 millones de onzas de oro.
Según la ley, el Ministerio de Comercio de Colombia dispone de un plazo de seis meses para resolver el conflicto con la compañía. Si no se soluciona, la demanda será remitida al Comité de Arbitraje del Banco Mundial.