La compañía minera canadiense Galantas Gold se plantea demanda al Servicio de Policía de Irlanda del Norte (PSNI) por el perjuicio que está causando a las operaciones en su mina de oro de Omagh (Condado de Tyrone) la ausencia de una cobertura antiterrorista adecuada.
Según la legislación local, las operaciones de transporte de los explosivos hasta el lugar de detonación y el uso de los mismos requieren de la “cobertura antiterrorista” por parte de la Policía de Irlanda del Norte. El proceso de detonación tiene que estar supervisado por un oficial especializado en explosivos.
El objetivo de esta supervisión es garantizar la seguridad en el uso de los explosivos y auditar las cantidades y detonadores empleados, asegurándose de que se eliminan los detonadores que no han sido usados.
Se trata de unas medidas de seguridad que se han estado llevando a cabo durante los últimos 40 años, para evitar que los explosivos o detonadores pudieran caer en manos de los terroristas del IRA o los paramilitares unionistas.
El problema es que, en una cantera tradicional, el uso de explosivos se realiza unas dos veces al mes. Sin embargo, en una mina, es necesario detonar explosivos entre tres y cuatro veces por semana.
Desde la Policía argumentan que, por cuestiones operativas, no pueden destinar efectivos a la mina de Omagh nada más que durante un periodo de dos horas, dos veces por semana. En cambio, desde Galantas Gold aseguran que, para el correcto funcionamiento de la mina necesitarían la presencia de la Policía, al menos cinco veces por semana, dos horas cada día.
De no ser así, tendrían que alterar la planificación y se verían obligados a despedir trabajadores. Por ello, se están planteando la posibilidad de demandar al Servicio de Policía de Irlanda del Norte y pedir “una importante compensación del coste de los retrasos en la producción”.
En palabras del director ejecutivo, Roland Phelps, a Reuters, “la decisión del Servicio de Policía es un revés a cualquier proyecto minero en Irlanda del Norte y afectará negativamente a los medios de subsistencia de nuestros trabajadores y sus familias”.
Por su parte, el Superintendente en Jefe de la Policía de Irlanda del Norte, Kevin Dunwoody declaró que la Policía debe priorizar las solicitudes “de forma que maximice la seguridad de los ciudadanos y de sus oficiales, contrarreste las amenazas, minimice los riesgos y reduzca los daños”.
Para el oficial, la colaboración del Servicio en el desarrollo empresarial y de la economía es importante, “pero también es lógico esperar que una empresa comercial contribuya a sufragar los costes del despliegue policial, de forma legítima y proporcionada”.
Según Galantas, estaban dispuestos a negociar un acuerdo para compensar los costes del despliegue, pero el problema es la Policía no disponía de suficientes efectivos.
