La mina de oro de Las Brisas-Las Cristinas, situada en el Estado de Bolívar (Venezuela), ha sido bautizada por Venezuela como la mina de oro más grande del mundo. Se trata de un yacimiento que mide 5 kilómetros de longitud por 2,5 de anchura, con una profundidad superior a los 500 metros.
Según el diario venezolano El Nacional, el yacimiento podría contener unos 55 millones de onzas troy (unas 1.710 toneladas), valorados en más de 70.000 millones de dólares, al precio actual del oro. Su extracción podría dejar en las depauperadas arcas de Venezuela alrededor de 1.400 millones de dólares anuales durante los años de vida de la mina. Unos ingresos superiores a los que reporta el petróleo extraído en la franja del Orinoco.
Los derechos de extracción corresponden a la sociedad Ecosocialista Siembra Minera, una empresa mixta cuyo capital está repartido entre el Estado de Venezuela (55%) y la empresa minera canadiense Gold Reserve (45%), a la que corresponde el honor de ser la primera empresa extranjera en participar en la zona minera del Orinoco (en la imagen). La empresa explotadora creará unos 4.000 empleos directos y se ha comprometido a invertir unos 2.200 millones de dólares durante los próximos años.
La zona donde se asienta la mina es limítrofe con los parques nacionales de Imataca y Gran Sabana, lo que ha despertado preocupación por los posibles daños medioambientales que la explotación minera podría provocar. Ello ha incrementado las críticas hacia el Gobierno de Nicolás Maduro, a quien la oposición acusa de entregar los recursos naturales de Venezuela al extranjero por un puñado de dólares.
No es la única polémica que rodea a la mina: en principio, Gold Reserve tenía asignada la explotación de la misma de Las Brisas. Sin embargo, la riqueza detectada en la cercana explotación de Las Cristinas llevó a los responsables de la empresa canadiense a proponer al Gobierno venezolano una explotación conjunta. ¿El resultado? Que el Gobierno revocó el permiso a la también canadiense Crystallex International Corporation, que demandó a Venezuela ante el Centro de Resolución de Conflictos del Banco Mundial.
Desde el Gobierno de Maduro (ver imagen inferior) se ha hecho todo lo posible por facilitar la labor de Gold Reserve, autorizando las actividades de exploración y explotación, y exonerándola del pago de diversos impuestos a la importación. También disfrutará de unos precios especiales de combustible y electricidad, como los que disfruta el Gobierno o las entidades relacionadas.
No es la única polémica que rodea a la mina: en principio, Gold Reserve tenía asignada la explotación de la misma de Las Brisas. Sin embargo, la riqueza detectada en la cercana explotación de Las Cristinas llevó a los responsables de la empresa canadiense a proponer al Gobierno venezolano una explotación conjunta. ¿El resultado? Que el Gobierno revocó el permiso a la también canadiense Crystallex International Corporation, que demandó a Venezuela ante el Centro de Resolución de Conflictos del Banco Mundial.
Desde el Gobierno de Maduro (ver imagen inferior) se ha hecho todo lo posible por facilitar la labor de Gold Reserve, autorizando las actividades de exploración y explotación, y exonerándola del pago de diversos impuestos a la importación. También disfrutará de unos precios especiales de combustible y electricidad, como los que disfruta el Gobierno o las entidades relacionadas.
La empresa se ha asegurado también contar con garantías del acuerdo, incluso en caso de cambio de Gobierno, por medio del establecimiento de varias cláusulas de indemnizaciones millonarias para el caso de incumplimiento.
El proyecto está al 95% para comenzar la explotación, a falta de una serie de “trabas burocráticas y papeleo” que lo han retrasado, según informa El Nacional.
Otro punto delicado es la seguridad de la mina, que contará con una de las plantas de explosivos más grandes de Venezuela. Para garantizar su seguridad, de su vigilancia se encargará el Ejército del país.
La iniciativa forma parte del proyecto del Gobierno de Maduro de incrementar la producción de oro, con vistas a incrementar sus reservas en el plazo de diez años.